Las falsas noticias alimentan sentimientos contrarios a la Unión Europea en Rumanía, como en otros países del Viejo Continente, e impulsan la causa del populismo, como sucede en todo el mundo. Expertos rumanos sospechan de participación rusa en la difusión de las falsas informaciones, pero la epidemia tiene muchos agentes difusores.
La ciudadanía se ha visto expuesta a “informaciones” según las cuales Rumanía es una “contribuyente neta” al bloque europeo cuando, en realidad, se ha beneficiado de 26.000 millones de euros desde su ingreso a la UE en el 2007.
Según otras “noticias”, el 70% de las tierras agrícolas están en manos de inversionistas extranjeros y el multimillonario George Soros, conocido por su apoyo a los derechos humanos y la difusión del pensamiento democrático, financió el incendio de una discoteca en Bucarest donde murieron 64 personas a finales del 2015. La tragedia desencadenó la caída del gobierno socialdemócrata.
El debilitamiento de la confianza en la Unión Europea y en el sistema de defensa conjunta de la OTAN es un objetivo estratégico de Rusia, que estimula el discurso nacionalista en las dos orillas del Atlántico. En los Estados Unidos, ese sentimiento se ha manifestado, precisamente, en el rechazo a los organismos multilaterales, incluidas la Unión Europea y la OTAN.
En Francia, donde el partido nacionalista de Marine Le Pen ha recibido financiamiento de Moscú, otras fuerzas políticas temen intervención rusa en las próximas elecciones mediante recursos propagandísticos como la difusión de noticias falsas. Pero no todas las responsabilidades pueden depositarse a los pies de Vladimir Putin. Difundir noticias falsas es, también, un buen negocio, como lo han descubierto grupos de adolescentes en Macedonia.
Las redes sociales y sus generadores de publicidad automáticos, diseñados para seguir los clics, premian con miles de dólares las informaciones escandalosas y falsas. A menudo, esas características las hacen más atractivas y detrás de los lectores va el dinero de la publicidad.
A tal punto llega la preocupación en el mundo que Alemania se adelantó a legislar contra la información falsa e impondrá multas hasta de 50 millones de euros a las plataformas sociales que impidan a los lectores denunciar las mentiras o se rehúsen a sacarlas de circulación. La medida también se aplica para el lenguaje difusor del odio, la pornografía infantil y la incitación al terrorismo.
“Los proveedores de redes sociales son responsables cuando sus plataformas son mal utilizadas para propagar el odio criminal y las noticias falsas”, declaró el ministro de Justicia Heiko Maas en un comunicado. El objetivo del gobierno es presionar a las redes sociales, en particular Facebook, para que eliminen las informaciones falsas y maliciosas capaces de afectar el proceso electoral previsto para el 24 de setiembre en Alemania.
Ángela Merkel y su coalición pretenden impedir una repetición de lo sucedido en Estados Unidos y en varias naciones europeas, Rumanía entre ellas. Con sus 29 millones de usuarios en Alemania y su prominente papel en la difusión de falsedades, Facebook está entre las empresas amenazadas por las altas multas. La empresa ofreció colaborar con revisores de datos para identificar los engaños y marcarlos con advertencias, pero también expresó preocupación por las implicaciones de la medida sobre la libertad de expresión. La ley obligaría a empresas privadas y no a los jueces a decidir cuáles contenidos son ilegales en Alemania.
La objeción no carece de méritos. En general, adjudicar a una institución o persona facultades para juzgar a priori sobre la verdad de una información es el primer paso hacia el establecimiento de la censura previa. También es cierto que el desapego de la verdad en las redes sociales a menudo hace que el juicio sea obvio.
En Noruega, los propios medios de comunicación hicieron a un lado la competencia y establecieron sistemas conjuntos de revisión para identificar informaciones falsas. Hay iniciativas similares en otros países europeos y en los Estados Unidos. El problema, sea por designios de una potencia o por el más básico fin de lucro, tiene graves implicaciones para las sociedades democráticas. Más allá del ensayo de soluciones legislativas y periodísticas, es preciso educar a los ciudadanos sobre los peligros de la Internet y las redes sociales.