EscucharGuatemala se ha sumergido en un acelerado y agudo proceso de ruptura política, marcado por inquietantes cuotas de des orientación, incertidumbre y riesgos. A la vez, su génesis y desarrollo ofrece algunos atisbos de esperanza. La gran pregunta es si, como resultado de los hechos, el país podrá dar pasos significativos hacia un Estado más robusto y transparente y una democracia más auténtica, o si aumentarán sus enormes disfuncionalidades institucionales, en medio de mayor inestabilidad y deslegitimación. Por el momento, el pronóstico es muy reservado.
El detonante de la crisis fueron dos grandes escándalos de corrupción en los que tanto la Fiscalía como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han involucrado a altos funcionarios y relevantes políticos. A finales de la pasada semana, la marea llegó a su máxima altura y alcanzó al presidente Otto Pérez Molina, cuando ambas entidades solicitaron que se le retire la inmunidad, ante fuertes presunciones de que fue la cabeza de una red fraudulenta en el sistema aduanero, mediante la cual se canalizaron millones de dólares en comisiones a cambio de reducciones en aranceles.
Hasta ahora, la máxima autoridad involucrada en ese caso era la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar, fue arrestada el viernes y enfrenta un proceso penal en su contra. El otro escándalo que ha conmovido al país está relacionado con enormes sobreprecios pagados por la seguridad social para brindar tratamientos de diálisis a pacientes con problemas renales; su producto también fue a parar a políticos, funcionarios y empresarios privados.
En un discurso posterior a su involucramiento, Pérez Molina rechazó los cargos y, en respuesta a un creciente clamor ciudadano, dijo que cumplirá su período, que vence el próximo enero. Sin embargo, aún está por verse si logrará mantenerse en el poder. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia dio el martes trámite a un antejuicio en su contra. Debido a una cadena de renuncias forzadas o voluntarias, su gabinete ha quedado reducido a la mitad. Las protestas y exigencias ciudadanas han crecido, e importantes sectores económicos y sociales, incluido el poderoso empresariado organizado, le han quitado su respaldo.
La acción conjunta de la Fiscalía y la Cicig (establecida en el 2006 por acuerdo entre la ONU y el Estado guatemalteco), así como las decisiones de la Corte Suprema, sugieren un renacer de la justicia, con particular empeño en el combate a la impunidad. Se trata de un signo muy esperanzador, al que se une la movilización cívica –aunque centrada en sectores urbanos de clase media– en pro de instituciones más robustas y transparentes.
El gran problema es que, en medio de estas y otras buenas señales de regeneración, no existe claridad sobre una posible salida a la presente crisis; menos aún sobre los pasos que deberán darse en el futuro inmediato. La eventual renuncia del presidente, que no puede descartarse, tendría enorme valor simbólico, pero limitado impacto práctico; además, podría aumentar la inestabilidad.
Todo esto ocurre a poquísimos días de las elecciones, fijadas para el 6 de setiembre. Peor aún, el candidato con mayores posibilidades de triunfo es Manuel Baldizón, a quien se atribuyen nexos con sectores cuestionados y cuyo compañero de fórmula, Edgar Barquín, enfrenta un antejuicio por corrupción, que podría hacerlo perder sus credenciales como candidato o eventual vicepresidente. En todo caso, quienquiera que gane alcanzará el poder severamente deslegitimado y en medio de un ambiente de ingobernabilidad. Por esto, es muy posible que si las elecciones se celebran –algo que todavía no parece ser definitivo–, lejos de neutralizar podrían agudizar la crisis.
Aun en medio de estos riesgos, la opción menos mala pareciera ser que Pérez Molina renuncie, se pospongan las elecciones mediante decisiones legítimas, se establezca un gobierno transitorio avalado por el Congreso, para que concluya reformas electorales en marcha, y se realicen entonces nuevos comicios, al más corto plazo posible, todo dentro del marco constitucional.
Quizá de este modo los elementos más riesgosos puedan conjurarse y el ímpetu de honestidad y cambio por el que claman tantos sectores de la población pueda canalizarse con estabilidad y conduzca a un desenlace que permita a Guatemala avanzar sólidamente por la buena ruta institucional, económica y social.
