Cuatro directivos del Banco Nacional renunciaron a sus cargos en las juntas que gobiernan las subsidiarias de la entidad para facilitar una investigación abierta por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a petición del Consejo de Gobierno. La revisión de las actuaciones de la Directiva comenzó, precisamente, por el autonombramiento de los dimitentes en las juntas de las subsidiarias, a contrapelo de las normas de gobierno corporativo.
Posteriormente, surgieron otros hechos de interés para las indagaciones. La Procuraduría de la Ética ya abrió un expediente para analizar el caso en forma independiente. Por su parte, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa convocará a los directivos para preguntarles sobre los nombramientos en las subsidiarias, el pago de un bono de productividad a los empleados con base en estados financieros erróneos, la sobreestimación de ganancias y el cobro de ¢50.000 millones exigido por las autoridades tributarias, del cual no se informó en el momento oportuno.
Sin embargo, las renuncias no cumplen el propósito declarado, porque los dimitentes permanecen en la Junta Directiva del Banco. Si su intención es “dejar abierto el espacio para un procedimiento claro, objetivo y conforme al régimen de derecho”, es decir, si procuran ofrecer garantías de no interferir con las investigaciones, no tiene sentido conservar el cargo de mayor injerencia sobre los asuntos corporativos.
Las renuncias a los cargos en las subsidiarias son especialmente inútiles porque las investigaciones tienen por objeto esclarecer las actuaciones de los dimitentes en la Junta Directiva del Banco, es decir, en el cargo que conservan. Fue ahí donde se produjeron los nombramientos y donde se debatieron los demás temas bajo escrutinio. No hay, a la fecha, investigación alguna de las decisiones tomadas en las subsidiarias.
Aún más, si los directivos estimaran necesario designar reemplazos para llenar las vacantes abiertas por sus renuncias, los nuevos nombramientos estarían a su cargo. Así, la garantía ofrecida para los procedimientos perdería peso, pues los nuevos directivos deberían sus puestos a la Junta del Banco.
Las explicaciones ofrecidas hasta ahora abren nuevas interrogantes y justifican, en aras de la transparencia, un esfuerzo de los encargados de investigar el caso. El sábado, por ejemplo, La Nación publicó un derecho de respuesta de los cuatro directivos que ahora dimiten de las subsidiarias. El texto justifica la débil reacción en el caso de Latco, empresa cuyas operaciones financieras son objeto de investigación en la Fiscalía y que tuvo por representante a la directora Jennifer Morsink, suspendida por razones de salud.
El 16 de noviembre, explican los directivos, actuaron de la única forma prudente que tenían a mano. Solicitaron al Banco de Costa Rica, que había cerrado las cuentas de Latco, puntualizar “de forma clara, precisa y circunstanciada cuáles son los hechos graves que se le atribuyen y por los que se pretende su remoción (de la directora Morsink), con el objetivo de que sean conocidos y valorados” por la Junta Directiva.
Para esa fecha, el país estaba enterado de las decenas de millones de dólares movilizados por Latco, el inicio de una investigación del Ministerio Público y la intención del Banco de Costa Rica de celebrar una asamblea de accionistas del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo único otro socio es el Banco Nacional, para remover de la Directiva a Morsink por pérdida de confianza. Ella fue nombrada en Bicsa por la Directiva del Nacional, de la cual también es miembro. Todos esos datos constan en una nota de este diario, publicada el 14 de noviembre, con declaraciones de Paola Mora Tumminelli, presidenta del BCR.
No hay duda de que los directivos conocían los detalles el 16 de noviembre porque el acta recoge una extensa discusión al respecto, incluida una petición a los bancos socios para actuar con prudencia, dado el perjuicio que el caso podría causar. “Imagínese el grado de preocupación de esta conversación que, al final, se decidió no dejar ningún acuerdo escrito, bajo el argumento de que al día siguiente lo tendría la prensa antes que los propios directores”, expresó el directivo Jorge Méndez.
El público juzgará si la reacción de la Directiva del Nacional guarda proporción con la gravedad de los hechos. Nadie pide una decisión inmediata basada en informaciones de prensa, pero ¿será suficiente sentarse a esperar informes cuando los propios directores aceptaron conocer, en actas, las urgentes explicaciones brindadas por Bicsa a las autoridades estadounidenses, dadas las operaciones de ese banco en aquel país?
La asamblea de Bicsa se celebró el 18 de diciembre. Asistieron Paola Mora y Jorge Méndez, representando a los únicos dos socios. Nada se resolvió porque el representante del Nacional dijo haber sido convocado para recibir información sobre los riesgos de mantener a Morsink en la Junta Directiva de Bicsa.
La información le fue suministrada de inmediato y con detalle por Leovigildo Rodríguez, asesor legal del BCR. Méndez dijo considerar, en lo personal, que los hechos revelados eran “muy graves” y se comprometió a informar a sus compañeros de Junta en la siguiente sesión.
El 18 de enero se celebró una segunda asamblea de Bicsa. En esa oportunidad, el Banco Nacional estuvo de acuerdo con la remoción de la directora, pero por razones de salud, dado un lamentable accidente que la incapacitó. Con tal de lograr la remoción, el BCR estuvo de acuerdo, pero su presidenta no dejó de señalar la amplia información suministrada a Méndez en la asamblea del 18 de diciembre en relación con las sociedades donde Morsink fungía como representante y apoderada. Recordó que las cuentas de esas sociedades fueron cerradas antes de poner el caso en manos del Ministerio Público. Méndez respondió que había suministrado a la Directiva del Nacional toda la información recibida el 18 de diciembre, con suficiente detalle.
En la publicación del sábado, el mismo directivo y sus tres compañeros señalan que “aún al día de hoy esa información no ha sido suministrada de forma escrita por el BCR” y “ni la Sugef, ni el Consejo de Gobierno, que son las entidades con competencia” les han comunicado “sobre la existencia de algún proceso destinado a la destitución o remoción del cargo de la señora Morsink”.
Por idénticas razones de salud, el Banco pidió al Consejo de Gobierno sustituir a Morsink en la Directiva del Nacional durante un año, mientras se recupera. A eso aluden los directores cuando dicen que las entidades competentes no han iniciado procedimientos para removerla, porque legalmente sigue siendo directiva del Nacional.
En otras palabras, mientras no reciba comunicación “por escrito” o de la Sugef o el Consejo de Gobierno, la Junta Directiva del Nacional estima suficiente permanecer a la espera en el caso de su compañera, representante de la entidad ante Bicsa y vinculada con empresas objeto de una investigación del Ministerio Público.
Salvo por el estado de salud, no encuentran motivo para removerla ni tampoco para hacer averiguaciones por cuenta propia. Siguiendo el razonamiento de los directivos, si su compañera no hubiera sufrido el quebranto, lo mejor habría sido su renuncia al cargo en Bicsa, conservando el puesto en la Directiva del Nacional, para garantizar “un procedimiento claro, objetivo y conforme al régimen de derecho”, a riesgo de verse obligados a rendir nuevas explicaciones a las autoridades estadounidenses.