Una comisión legislativa, en estrecha colaboración con la Defensoría de los Habitantes, avanza en la tramitación de un proyecto de ley contra la discriminación y el racismo, dos flagelos solapados en las sociedades avanzadas y tolerados abiertamente en otras, donde el respeto a los derechos humanos es menor.
En Costa Rica, difícilmente habrá quien acepte ser racista o se confiese partidario de la discriminación. Son comportamientos inaceptables en nuestro medio. La vergüenza y el rechazo reprimen las manifestaciones abiertas de sentimientos tan innobles, pero su relativa invisibilidad no implica, ni por asomo, su inexistencia.
En nuestro país hay racismo, xenofobia y discriminación. Mal hacemos cuando lo negamos porque renunciamos a la posibilidad de ser mejores. Ningún costarricense ha dejado de escuchar reivindicaciones del supuesto ascendente europeo de nuestra nacionalidad. A nadie le son extraños los chistes cargados de prejuicios contra los afrodescendientes. El estereotipo del judío o el chino es tan prevalente que hasta logra, en raras ocasiones, colarse en el debate público.
Hay un racismo estructural, practicado de formas casi inadvertidas, aunque sus víctimas nunca dejan de notarlo. Está incorporado a prejuicios y creencias compartidas por amplios sectores de la sociedad. Es preciso erradicarlo y también sus consecuencias prácticas, visibles incluso en las escuelas.
Otro tanto puede decirse de la discriminación fundada en razones de género, religión, condición socioeconómica o inclinación sexual, para citar las más comunes. Por eso la ley marco para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia contiene una amplia definición de los fenómenos por combatir.
Hay disposiciones específicas contra la discriminación en el ámbito laboral y en el educativo. También en los servicios de salud y la seguridad social, así como en el auxilio social y económico del Estado. El acceso en condiciones de igualdad a los bienes y servicios ofrecidos por instituciones públicas y agentes privados también goza de protección específica. Además, la ley establece la obligación de los encargados de mantener el orden público de ejercer sus funciones sin discriminación.
El trabajo de la Defensoría y la comisión legislativa comenzó en el 2015 con el objetivo de adecuar nuestra legislación al derecho internacional. El esfuerzo es encomiable. Existe en Costa Rica un terrible vacío legal en esta materia y es hora de llenarlo. Eso no impide señalar la necesidad de cuidar posibles excesos, aptos para entrar en conflicto con otros derechos y libertades.
El discurso inspirado en la intolerancia, sea del signo que fuere, es odioso y condenable, pero no debe ser suprimido por ley. Es deber de todos confrontarlo y denunciarlo, no reprimirlo. La sociedad democrática y los valores que la inspiran son suficientemente robustos para resistir y vencer el cuestionamiento basado en la intolerancia.
El establecimiento de límites excesivos a la libertad de expresión, no importan las buenas intenciones, más bien debilita un bastión de la democracia. Las razones para tolerar esas expresiones son las mismas que impulsan a los gobiernos comprometidos con la libertad a permitir la participación en la liza política de partidos contrarios al sistema, cuya intención jurada es destruirlo. Si el proyecto de ley logra mantenerse a buen recaudo de esos peligros, su aprobación debe ser vista como urgente.
