La construcción del camino paralelo al río San Juan está parcialmente paralizada. No hay recursos para finalizar la obra porque el Gobierno le dio inicio sin contar con la totalidad del financiamiento. En otras circunstancias, el cuadro concitaría críticas. Acusaríamos, como tantas veces, la imprevisión característica de nuestra administración pública desde hace muchos años.
Ese no es el caso de la obra fronteriza. El camino es respuesta a los infundados reclamos y pretensiones territoriales del Gobierno nicaraguense. Era necesario actuar con prontitud, tanto como fuera posible con los recursos a disposición. La administración de la Presidenta Laura Chinchilla no podía esperar y no lo hizo. Cuanto hay de construido se ejecutó al amparo de un decreto de emergencia nacional. No podía haber planificación.
La construcción se ha desarrollado por tramos y la mandataria es la primera en admitir que la falta de recursos “ha sido siempre la historia de esta carretera”, concebida tras el ingreso de tropas nicaraguenses a Isla Calero. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) proveyó los primeros ¢10.000 millones, pero faltan otros ¢14.000 para construir dos puentes, lastrar la vía hasta Los Chiles y hacer las cunetas.
No es el tipo de emergencia para la cual la CNE fue ideada, pero su gravedad es indiscutible. La carretera es una reafirmación de la soberanía nacional en la zona. Fija la presencia del Estado costarricense y lo hace menos dependiente de la navegación por el río. Si bien los derechos de nuestro país en el cauce fueron establecidos con toda claridad, la comunicación terrestre es necesaria para la vigilancia policial y el desarrollo económico de la zona.
La CNE no debe tardar en responder a los requerimientos del Gobierno. Francisco Jiménez, ministro de Obras Publicas y Transportes, anunció la decisión de trasladar maquinaria a la zona para extraer materiales mientras se aprueba el giro del dinero. Así se debe proceder, sin esperar la reunión de condiciones ideales, siempre con el propósito de llevar un paso de ventaja.
Los vecinos de la zona claman por el reinicio de la obra antes de la temporada de lluvias. La preocupación es indicativa de la importancia de la vía como manifestación de amparo del Estado costarricense y como contribución al desarrollo de mejores condiciones de vida.
La diligente reacción del Gobierno sitúa a las fuerzas interesadas en impedir la construcción ante un hecho cumplido, difícilmente reversible. El proyecto enfrenta la oposición de Nicaragua, incluida la amenaza de Edén Pastora de meter diez dragas más en el cauce para continuar los trabajos iniciados por su Gobierno en el 2010. También se le oponen grupos ecologistas de ese país, que recurrieron a la Corte Centroamericana para paralizar los trabajos. Por fortuna, Costa Rica jamás se sometió a la jurisdicción de ese organismo.
Grupos locales intentaron, sin éxito, un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Ahora, el Gobierno nicaraguense se dirige a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, y estaría encantado de incluir el tema de la carretera en cualquier negociación imaginable.
Por eso es indispensable actuar con prontitud, aunque implique improvisación y sea necesario echar mano a los recursos de la CNE, cuyos funcionarios dudan de contar con la cantidad suficiente. Vanessa Rosales, presidenta de la entidad, dice tener a mano entre ¢6.000 y ¢9.000 millones.
El Gobierno necesita más y, si no logra obtenerlo en este momento, debe perseverar en el empeño de construir todo lo posible mientras consigue los fondos para terminar de financiar una carretera que, en palabras de la Presidenta, no estaba entre los proyectos planeados. La crisis desatada por la arbitrariedad del Gobierno sandinista tampoco fue planeada y mucho menos presupuestada.