Un sector de la ciudadanía rechaza, de entrada, la reforma al Código Penal para eliminar la prisión en caso de hurtos. El propósito del proyecto es descongestionar las cárceles, pero también introducir un sentido de proporción entre la falta y el castigo. El Estado gasta millones de colones para procesar a personas que sustraen bienes valorados en un par de miles y puede enviarlas a la cárcel durante años, con el riesgo de hacer de ellas delincuentes mucho más peligrosos.
Las consecuencias para las familias de los sentenciados son también graves, porque rara vez el castigo deja de alcanzar, en lo económico y moral, al núcleo familiar inmediato del condenado. El drama social de personas sumidas en la necesidad aumenta y el sistema judicial profundiza el círculo vicioso de la pobreza.
Hay sobre estos temas una seria confusión en el país y, desafortunadamente, nuestra información sobre el proyecto de ley más reciente contribuyó a aumentarla. Confundimos los conceptos de hurto y robo cuando titulamos “Corte pide eliminar prisión por hurtos y robos menores”. Si la iniciativa de ley prospera, los hurtos se castigarían con día multas, no con cárcel, pero los robos, que necesariamente implican violencia sobre las personas o cosas, siempre serían penados con prisión.
La confusión nos llevó a afirmar que la reforma elimina penas de cárcel hasta de 15 años de prisión para convertirlas en días multas. No es cierto. El hurto no se castiga hasta con 15 años de prisión, el robo agravado sí, y eso no es lo que el proyecto pretende modificar. En suma, se trata de aplicar días multa a los hurtos, es decir, sustracciones de bienes hechas sin violencia sobre las personas o siquiera sobre las cosas. Además, lo sustraído no puede tener un valor mayor a ¢210.000 y la reincidencia implica castigos más drásticos.
Lamentamos el error cometido en una materia de tanta importancia. Coincidimos con los propósitos del proyecto de ley. Reconocemos, también, la legitimidad del debate por venir. Aun aclarada nuestra equivocación, habrá personas contrarias a la reforma por considerar que hasta las ofensas menores deben ser castigadas con severidad.
El debate data de muchos años atrás. Costa Rica ya experimentó con normas menos drásticas para el hurto y la presión social obligó a dar marcha atrás. Fue un error cuyo resultado es el hacinamiento de las cárceles, un área donde el país no está a la altura de su vocación de defensa de los derechos humanos.
Este diario también ha publicado casos de serias condenas, luego de dilatados y costosos procesos judiciales, por la sustracción de un par de latas de atún. Esa no puede ser la reacción de una sociedad humanista frente a faltas de tan poca consecuencia. Tampoco es razonable la inversión económica en el proceso y posterior internamiento de la persona condenada.
Los incidentes han sido muchos y nuestra línea editorial en la materia ha sido clara. Un caso ejemplarizante fue el hurto de un queso procesado, valorado en ¢925, por un hombre y su hija de 18 años, con retardo mental moderado. Como el delito fue cometido “en cuadrilla”, pasó a ser un hurto agravado de menor cuantía, penado con entre uno y tres años de cárcel.
Hay espacio en las semanas por venir para discutir si las sanciones económicas concretamente incorporadas al proyecto de ley deben ser más severas. Otros aspectos de la propuesta también se prestan para discusión, pero, ante todo, debemos decidir como nación si la respuesta represiva más extrema se justifica cuando no hay violencia, grave daño económico ni reincidencia. Ese es el debate que nuestro error enturbió. Lo lamentamos y ofrecemos a nuestros lectores disculpas por el paso en falso.