Los ministros ganan menos que muchos de sus subalternos. También se les compensa con menos de lo recibido por un gran número de pensionados. Hernán Rojas Angulo, director general del Servicio Civil, califica la situación como “peligrosa”, dadas las responsabilidades de tan altos cargos. Señala, además, que la falta de competitividad salarial del Estado en cargos de ese rango dificulta la conformación de un Gobierno con las personas más calificadas.
La distorsión apunta a otros dos problemas: el efecto de los beneficios salariales del sector público sobre los ingresos de funcionarios de menor nivel y el desorden de los regímenes de pensiones. Un jubilado, inactivo desde temprana edad, puede tener mejores ingresos que un ministro en funciones, casi siempre poseedor de un currículo superior.
El Ministerio de Hacienda hizo circular una larga lista de pensiones superiores a los ¢5 millones. Hay muchas más por encima de los ¢2,4 millones, salario promedio de un miembro del gabinete, con todo y dedicación exclusiva y disponibilidad. Si se suma a los beneficiarios de otros regímenes, no cargados al Presupuesto Nacional, el gasto total en una veintena de ministros se torna insignificante.
Los ingresos de los cuatro pensionados mejor remunerados, según la lista de Hacienda, alcanzan para pagar a los veinte ministros y sobran ¢3,4 millones para contratar otro más, con ¢1 millón de feria. Lo mismo se podría hacer con los ingresos de un puñado de funcionarios en casi cualquier ministerio.
Es difícil decidir si el principal problema son los privilegios de los regímenes de pensiones o las distorsiones salariales del sector público. El país no debe renunciar a resolver ninguno de esos problemas. Urgen una ley de regularización del empleo público y, también, una reforma a los regímenes de pensiones, ojalá para crear un sistema único, justo y solidario.
Pero la baja remuneración del gabinete también es un defecto del aparato estatal, y es preciso dejar de tratarla con la demagogia e irresponsabilidad exhibida hasta ahora. Un país que permanece impávido ante los ríos de dinero desembolsado para pagar pensiones y privilegios salariales, no puede alarmarse por un ajuste en la remuneración de quienes asumen tan altas responsabilidades.
Carlos Quesada, ministro de Bienestar Social, considera que el desequilibrio entre los ingresos del gabinete y los de muchos de sus subalternos demuestra la mística del equipo de gobierno y su compromiso con el país. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, dice haber aceptado el cargo para servirle al país porque “es un honor y uno tiene que verlo con esa convicción”.
Son sentimientos nobles, pero pasan por alto la exclusión de talentos cuyas circunstancias personales les impiden aceptar el mismo honor. Tampoco consideran la inconveniencia de hacer del servicio público un coto de místicos y adinerados, para quienes la remuneración es irrelevante.
Los altos cargos de la función pública deben ser ocupados por personas de gran formación y probada habilidad en sus campos. El director general del Servicio Civil recuerda que “los mismos presidentes lo han dicho. Tenían a otras personas más calificadas para un puesto, pero no lo aceptan y tienen que escoger a alguien que sí acepte lo que se paga”. Para el funcionario, “tener personas ganando salarios bajos en puestos delicados se vuelve muy peligroso”.
También es peligroso alimentar el crecimiento de la planilla estatal con desproporcionadas remuneraciones a funcionarios de menor jerarquía y cargar sobre las finanzas públicas incosteables privilegios no solo en pensiones, sino también en otros rubros, como la cesantía, para citar un ejemplo. El país debe encarar el conjunto de estos problemas con seriedad y sin prejuicios, si pretende una Administración Pública eficaz y adaptada a las complejas necesidades del momento.