EscucharEl gobierno ha dado muchas muestras de torpeza en materia de comunicación, pero el lunes, en una encrucijada crítica, presentó una bien planeada coreografía ante la comisión investigadora de los créditos del Banco de Costa Rica. El acontecimiento alcanzó al país en general gracias a los medios de comunicación.
La comparecencia del presidente, Luis Guillermo Solís, bajo juramento, para ser interrogado por los legisladores integrantes de la comisión despertó el interés propio de un hecho histórico y las expectativas se soltaron al galope. La Casa Presidencial escogió la fecha, entre dos importantes partidos de fútbol de la Selección Nacional y pocas horas antes despejó dudas sobre el acceso de la prensa, proclamando su voluntad de transparencia.
La jornada comenzó con un detallado informe del Ministerio de Economía sobre las barreras no arancelarias a la importación de cemento. La información suministrada por la ministra de Economía, Geannina Dinarte, se hizo más atractiva con la inédita revelación de un acuerdo del 2005, con participación oficial y de las empresas cementeras, para establecer normas difíciles de cumplir por los importadores.
Protegido el mercado, los precios del cemento local, dijo Dinarte, tienen un margen hasta del 142 %. La ministra explicó la sinrazón de las medidas sobre fechas de vencimiento y puso en evidencia su carácter absurdo. Para rematar, el gobierno citó información de una empresa cementera nacional sobre la larga duración del cemento correctamente empacado.
La necesidad de abrir el mercado para estimular la economía, abaratar la vivienda y contribuir al desarrollo quedó bien establecida. Ese no es el objeto de la comisión y la mayoría de sus integrantes concuerda con la importancia de la apertura, pero el gobierno logró sembrar un tema para la cita de la noche: todo se hizo para defender al país de los excesos del duopolio del cemento, no importan las coincidencias entre las gestiones del empresario Juan Carlos Bolaños y los cambios en la ley.
Llama la atención que, a lo largo de meses de debate sobre el caso del cemento chino, nunca antes el gobierno ofreció semejante explicación. Lo hizo el día mismo de la comparecencia oficial y, en la noche, el presidente tomó la estafeta, como en una carrera de relevos, para dedicar buena parte de su intervención inicial a la apertura del mercado en beneficio de la sociedad y de la generación de empleo mediante el estímulo a la construcción, uno de los sectores más dinámicos de la economía.
El mandatario consiguió de los diputados un espacio de media hora para su intervención y la aprovechó para enmarcar la discusión. Buena parte del interrogatorio de los legisladores se concentró en rebatir o cuestionar las afirmaciones del presidente. En muchos casos, la tentación de las cámaras los hizo olvidar las preguntas para pronunciar alegatos o discursos, una ventaja no prevista para Solís.
Antes de retomar la línea argumental iniciada horas antes por su ministra de Economía, el mandatario dio un golpe de efecto extraordinario: pidió al diputado Víctor Morales Zapata renunciar a la curul. Así, el presidente erigió un cortafuegos para aislarse de las revelaciones más candentes de los últimos días, que incluso llevaron a su partido a pedir la separación del legislador.
El recurso ya había dado resultados una vez, cuando el entonces candidato Luis Guillermo Solís pidió a Morales dejar la candidatura. En esa oportunidad, como ahora, el diputado no lo complació y poco después de ganar las elecciones se convirtió en la segunda figura más influyente de la administración. A pocos meses de entregar el poder, el guion se repite con pocos costos previsibles. El lunes, a partir de la petición a Morales, el mandatario asumió la actitud de que “cada palo aguante su vela” e insistió en invitar a investigar a fondo.
Emprender una defensa de Morales Zapata habría abierto una rica veta para los diputados. El presidente cerró la puerta a esa posibilidad antes de recibir la primera pregunta. El resto de la comparecencia consistió en separar a la administración de la gestión bancaria y ahí, también, insistir en la necesidad de investigar y que cada quien explique cuanto le corresponda.
Quizá el punto más débil de la presentación fue ese. El mandatario se vio obligado a entrar en contradicción con Ronald Solís, director del Banco, nombrado por el gobierno, quien habló de la intervención de la Casa Presidencial en la designación del gerente Mario Barrenechea, aprobada por unanimidad, según el presidente se apresuró a señalar. El presidente negó toda intervención y las dos versiones no pueden ser ciertas.
La buena coreografía de la Presidencia limitó el daño. Al mandatario le bastaba un empate para salir airoso. Sin embargo, las dudas persisten. Las gestiones de Bolaños fueron contemporáneas con los cambios legales y el empresario demostró gran confianza en que la normativa variaría cuando invirtió en un cargamento de cemento antes de operadas las modificaciones.
La red de contactos políticos de Bolaños es innegable y la suspensión y posterior autorización del uso de su producto en el dique de Nosara ocurrió en una secuencia temporal demasiado apretada en relación con una de sus visitas a la Casa Presidencial. La presencia de Morales Zapata en una reunión con el empresario sigue siendo difícil de explicar, lo mismo que la de Mariano Figueres, porque las funciones de ambos distan mucho de los asuntos por tratar en esas citas. La coreografía fue buena. No obstante, al presidente hay que tomarle la palabra e investigar hasta las últimas consecuencias.
