Me llena de emoción que en pocos días empezarán a contraer matrimonio en Costa Rica las primeras parejas del mismo sexo. Se trata de un cambio justo en nuestro ordenamiento jurídico, ya que reafirma el principio fundamental de que todas las personas tenemos derecho a recibir las mismas protecciones y garantías que brinda la ley, sin ningún tipo de discriminación. Hoy somos un mejor país gracias a ello.
Sin embargo, la manera como se logró esta victoria me genera algunas inquietudes. Costa Rica se convierte en el primer país en legalizar el matrimonio igualitario no por una decisión de sus órganos políticos o judiciales internos, sino por disposición de una corte supranacional. La vinculatoriedad jurídica de la opinión de la Corte-IDH es incuestionable. Así emana de los artículos 7 y 48 de la Constitución y de la jurisprudencia de la Sala IV. Pero la legitimidad de la decisión ante la opinión pública –que también es cardinal para que estos avances sean sostenibles y no aticen movimientos reaccionarios– es endeble.
Esto no quiere decir que el matrimonio igualitario debía esperar a que una mayoría lo consintiera. Pero sí que la decisión habría sido más categórica de haber surgido de un órgano del Estado (yo favorecía un fallo de la Sala IV interpretando debidamente el artículo 33 de la Constitución). Un gran sector de la población ahora percibe al matrimonio igualitario como una imposición de una corte extranjera. Temo las repercusiones de esto a tres semanas de las elecciones.