El 2017 ha sido en América Latina un año mediocre en lo económico, intenso en lo político y complejo en lo social, caracterizado por una ola creciente de demandas y expectativas insatisfechas de amplios sectores de clase media, escándalos de corrupción, denuncias de fraude y reelecciones conflictivas.
Esta combinación de factores generó fuertes tensiones sociales y turbulencias políticas que complicaron la gobernabilidad y erosionaron el apoyo ciudadano y la legitimidad de numerosos presidentes de la región.
El año cierra con un nivel bajo de crecimiento: apenas un 1,2 % promedio regional según el FMI; nivel que presenta una doble lectura. Es una buena noticia porque la región deja atrás dos años seguidos de recesión y seis de desaceleración continua. Pero es, al mismo tiempo, una mala noticia porque este débil crecimiento no es suficiente para responder a las crecientes expectativas de la clase media, a la vez que pone en riesgo las importantes conquistas sociales logradas durante el periodo 2003-2013. Tampoco alcanza para reducir la pobreza con celeridad (de hecho esta y la desigualdad han vuelto a aumentar) ni para crear el número de empleos de calidad que la región necesita, ya que como bien acaba de advertir el director regional de la OIT, José Manuel Salazar-Xirinachs, el 2017 es el tercer año consecutivo en que aumentó el desempleo en la región (pasó del 7,9 % en el 2016 al 8,4 % en el 2017), totalizando 26,4 millones de personas que buscan empleo y no lo encuentran.
Las noticias también son preocupantes en materia de cultura política: el apoyo a la democracia registró una abrupta caída de 9 puntos: pasó del 67 % (en el 2014) al 56 % (en el 2017) según datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina.
Esta disminución viene acompañada de una mayor insatisfacción con la democracia, un bajo nivel de confianza en las elecciones así como en las principales instituciones de la democracia representativa, en especial respecto de los partidos políticos.
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Mi balance del 2017, desde el ángulo político-electoral, identifica siete hechos relevantes, a saber:
1. Arrancó la maratón electoral latinoamericana 2017-2019.
Las elecciones presidenciales en Ecuador, Chile y Honduras fueron el pistoletazo de salida a una de las maratones electorales más importantes de las últimas décadas: durante el trienio 2017-2019 tendrán lugar 15 elecciones presidenciales. En dos de los tres procesos ya celebrados hubo continuidad del oficialismo: en Ecuador, triunfó el oficialista Lenín Moreno (hoy distanciado de su antecesor Rafael Correa), y en Honduras, en una victoria cuestionada, resultó reelecto el presidente Juan Orlando Hernández. En el tercer país (Chile) hubo alternancia: el expresidente Sebastián Piñera regresa a La Moneda después de cuatro años en la oposición. En dos de los tres países (Ecuador y Chile) hubo necesidad de ir a un balotaje para definir la presidencia, y en dos de las tres elecciones (Ecuador y Honduras) el triunfo del oficialismo fue por estrecho margen, y en ambos casos los candidatos que perdieron denunciaron fraude, pero sus reclamos no prosperaron.
Las denuncias de graves irregularidades y de fraude en las elecciones de Ecuador y, sobre todo, en los procesos electorales de Venezuela –para la Asamblea Nacional Constituyente, regionales y municipales–, Nicaragua –municipales– y de Honduras –generales– evidencian los serios déficits que aún persisten en la región en materia de integridad electoral.
2. Se consolida gradualmente el giro de la región al centroderecha.
Los resultados en Chile y Honduras refuerzan el cambio de tendencia política regional del centroizquierda al centroderecha iniciado en el 2015 y el 2016 con las victorias de Macri en Argentina (revalidado en las elecciones de medio periodo del pasado mes de octubre) y de Kuczynski en Perú, pero dentro de una persistente heterogeneidad como evidencia el triunfo de la izquierda encabezada por Lenín Moreno en Ecuador.
3. La fiebre reeleccionista mantuvo su vigor.
La reelección fue noticia no solo en Chile –alterna– y en Honduras –consecutiva–, sino también en Paraguay y Bolivia, pero con resultados diversos. El presidente paraguayo Horacio Cartes tuvo que renunciar a su intención continuista a raíz de la crisis política que desató su pretensión reeleccionista. En cambio, el mandatario boliviano Evo Morales logró por sentencia del Tribunal Constitucional (bajo su control) lo que no había podido obtener en el referendo del 2016: la posibilidad de volver a postularse a la presidencia en el 2019 para un cuarto periodo consecutivo.
En Ecuador, por su parte, el conflicto entre el presidente Moreno y el expresidente Correa, agudizado por la convocatoria del primero a un referendo, en febrero del 2018, destinado a abolir la reforma prorreelección aprobada durante el tercer mandato de Correa –la que de aprobarse impediría la posibilidad de regreso de este último a la presidencia en el 2021– abre un interrogante acerca del futuro de la reelección en Ecuador.
4. Los escándalos de corrupción se multiplicaron.
En Brasil, epicentro del Lava Jato y del caso Odebrecht, el presidente Michel Temer logró sobrevivir a las denuncias de corrupción en su contra e impulsar una ambiciosa agenda de reformas estructurales que le ha permitido a Brasil dejar atrás la recesión. Para las elecciones del 2018, Lula, pese a su aparente vinculación a varios casos de corrupción, sigue liderando las encuestas y su futuro político depende de lo que decida, a fines del próximo mes de enero, la justicia en segunda instancia.
Pero el sunami Odebrecht impactó también en otros países. En Perú, Kuczynski estuvo a punto de ser destituido, pero logró salvarse negociando con un sector del fujimorismo el indulto a Alberto Fujimori; decisión que gatilló una grave crisis política aún no resuelta. Y en Ecuador, el vicepresidente Jorge Glas fue condenado (en primera instancia) a seis años de cárcel por sus vínculos con la firma brasileña.
Además de estos escándalos relacionados con Odebrecht, existen otros casos en la región: el cemento chino en Costa Rica, que está teniendo un fuerte impacto en la campaña electoral de cara a las elecciones de febrero del 2018; el que obligó a renunciar al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic; y el enfrentamiento entre el presidente guatemalteco Jimmy Morales con la Cicig por un caso de corrupción que involucra a familiares directos del mandatario.
5. En Colombia, la implementación de los Acuerdos de Paz enfrentó nuevos y crecientes desafíos.
A medida que se acerca el proceso electoral del 2018, la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC se ha vuelto cada vez más compleja debido a que la coalición que apoyó las negociaciones del presidente Juan Manuel Santos se ha disuelto. En efecto, mientras los seguidores del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se han alejado del gobierno, el bloque crítico al proceso de paz –liderado por los expresidentes Uribe y Pastrana– se ha cohesionado y fortalecido.
En paralelo, en las últimas semanas se han venido configurando las principales coaliciones que competirán en las elecciones del próximo año; proceso que registra como novedad la participación de las FARC como partido político y donde el tema de los Acuerdos de Paz y las negociaciones con el ELN serán una de las cuestiones claves de la campaña.
6. El deshielo entre Estados Unidos y Cuba se interrumpió.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, discontinuó la política de acercamiento entre este país y Cuba que había impulsado Obama en la etapa final de su gobierno. Esto se produce en un momento clave para la Isla, cuando las reformas económicas siguen sin dar los resultados esperados, y en el momento cuando el régimen castrista se acerca a una transición inédita: Raúl Castro dejará la presidencia en abril del 2018, aunque mantendrá las riendas del poder gracias a su control sobre las FFAA y el Partido Comunista. Será la primera vez en seis décadas que la presidencia de Cuba no estará ocupada por un mandatario apellidado Castro.
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7. Venezuela sigue perdida en su laberinto.
En Venezuela, la crisis política, económica y humanitaria se agudizó y el régimen acentuó su carácter autoritario. La pugna entre la alianza opositora (MUD) y el gobierno de Nicolás Maduro se resolvió a favor del presidente, quien primero reprimió con brutalidad y sangrientamente las manifestaciones de la oposición para, posteriormente, forzar, de manera ilegal, la elección de una Asamblea Constituyente que vació de competencias a la Asamblea Nacional (de mayoría antichavista).
En paralelo, el régimen, que sigue siendo incapaz de dar respuesta a la grave situación económica y a la crisis humanitaria, arrinconó a la oposición –inhabilitándola, encarcelándola o forzándola al exilio–, la cual, debilitada y dividida, y ante la falta de garantías, renunció a competir en las pasadas elecciones municipales. Por su parte, el diálogo entre el gobierno y la oposición no ha producido al cierre del 2017 resultados que permitan una salida política, electoral y pacífica a la grave crisis.
El autor es director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.