Dos factores fácilmente identificables confluyen en la mayoría de las iniciativas sobre control de armas de la última década: un marcado sesgo antiarmas y una grosera ignorancia técnica sobre estas. El resultado irremediablemente son ocurrencias legislativas que serían jocosas si no fuera porque se trata literalmente de un asunto de vida o muerte. Dos proyectos de ley presentados la semana anterior, y apoyados por el Ministerio de Seguridad, siguen este patrón.
Para comprobarlo, basta con leer las exposiciones de motivos. Ambas describen la actual escalada de violencia –el 2016 cerró con la tasa de homicidios más alta desde que se tienen registros y el 2017 va en camino a superar esa triste marca– y reconocen el creciente papel que juega el narcotráfico en este fenómeno. Según un estudio reciente del PNUD, el 46,6 % de los asesinatos del año pasado son atribuibles a la delincuencia organizada. En el 2010 era apenas el 2,6 %.
Sin embargo, tras concluir correctamente que el problema radica en una mayor actividad de cacos y narcos, la solución de los diputados consiste en limitar aún más la tenencia y portación legal de armas de fuego, como si los cacos y narcos cumplieran las regulaciones en primer lugar.
Por ejemplo, uno de los proyectos propone que las personas solo puedan registrar un arma para autodefensa. ¿Cómo afectaría eso a las bandas criminales? En nada. Pero sí perjudicaría a alguien que, habiendo utilizado su arma en defensa propia –y siendo esta temporalmente incautada mientras se realiza una investigación–, queda expuesto a represalias.
El otro proyecto prohíbe las armas largas “con apariencia similar” a aquellas diseñadas para la guerra. Este es un criterio altamente subjetivo y carente de cualquier sustento técnico. ¿En qué afecta la apariencia de un arma su capacidad de fuego? En nada. De todas formas, difícilmente los narcotraficantes correrán a entregar las armas de este tipo que tengan en su arsenal.
Las autoridades nunca han podido demostrar que la tenencia legal de armas de fuego esté detrás del crimen y la violencia que azota al país. Por eso, para justificar su agenda prohibicionista, han recurrido a suposiciones o, peor aún –como hiciera el gobierno anterior–, a falsificar estadísticas.
Al pretender coartar ad maximum la tenencia y portación legal de armas, las autoridades más bien están coadyuvando a los criminales que dicen querer combatir.