El otorgamiento de permisos de construcción para residenciales, plantas de asfalto y perforación de pozos mantiene a los vecinos de Santo Domingo de Heredia en pie de lucha contra la Municipalidad de ese cantón.
Según denuncian los pobladores, especialmente los del distrito de San Miguel, tres proyectos habitacionales y dos plantas de asfalto fueron construidos en una zona protegida que cobija “uno de los mantos acuíferos más ricos del país”.
Por este motivo, han realizado protestas frente a la Municipalidad de Santo Domingo exigiendo explicaciones y para “impedir más permisos”.
Eugenio Azofeifa, vecino de la comunidad, explicó que dichas construcciones se encuentran en barrio Socorro y San Miguel, zonas que, de acuerdo con el decreto ejecutivo N.° 25902-MIVAH-MP- MINAE, son una zona especial de protección cuyo uso es agrícola y donde se establecen regulaciones para el desarrollo urbanístico e industrial, entre otros.
“Lo que dice el decreto es que los desarrollos urbanísticos deben hacerse alrededor de los centros poblados de los distritos de Parasito, Pará, Tures y San Miguel, pero estos están fuera de esos centros, donde es zona protegida”, alegó Azofeifa.
El Comité de Conservación de la Cuenca del Río Virilla manifestó al municipio su preocupación por que esa cantidad de proyectos inmobiliarios impacta en la disponibilidad del recurso hídrico y de agua potable, que es racionada en la actualidad en el cantón.
La alcaldesa de Santo Domingo, Laura Prado, aseguró que, en el caso de los tres proyectos habitacionales, estos no están en la zona especial de protección, sino en una zona de desarrollo de crecimiento urbano.
Sobre las dos plantas asfálticas, la jerarca señaló que una de estas se encuentra paralizada, ya que existe una demanda contra la Municipalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo porque se negaron a darles agua.
En el caso del segundo proyecto, Prado explicó que “ante la duda”, solicitó una investigación para verificar si lo que ya se ha emitido sobre ese plan está debidamente fundamentado.
“Todo indica que esta planta sí está en la zona protegida. La zona especial de protección sí permite el desarrollo de ciertas actividades en el tanto se cumpla con ciertos requisitos técnicos.
”Si los procedimientos para dar los avales fueron incorrectos, se sentará la responsabilidad sobre los funcionarios que emitieron un criterio erróneo”, aseguró la jerarca del gobierno local.