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A partir de enero de 2018, los propietarios de vehículos deberán pagar un canon al Estado por los gases contaminantes que emitan sus automotores.
Cada carro deberá someterse a una prueba adicional durante la revisión técnica vehicular, a cargo de la empresa Riteve, para que se le asigne una categoría, según el grado de contaminación que provoque.
Cuanto más contamine el vehículo, más alto será el canon. Esa suma se añadirá al marchamo que se paga a final de año.
No obstante, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) aún no definen rangos ni montos.
Estos detalles se determinarán en los próximos dos meses, según dijo Sebastián Urbina, viceministro de Transportes.
Luego, será sometido a consulta pública antes de ser oficializado en el segundo semestre.
Con la nueva normativa, el Gobierno pretende recaudar $30 millones al año, aproximadamente.
Este dinero se utilizaría para desarrollar proyectos de movilidad urbana, como sectorización del servicio de autobuses y ciclovías, entre otros.
Por ejemplo, el plan de sectorización del MOPT en Desamparados cuesta $56 millones.
Preocupación. Sebastián Urbina explicó que el objetivo es desincentivar el uso de vehículos particulares y promover el transporte público para reducir los niveles de contaminación de la Gran Área Metropolitana (GAM).
De acuerdo con el VI Informe sobre Calidad del Aire de la GAM (2013-2015), la situación es preocupante en esa región.
El 65% de las emisiones contaminantes, según el estudio, proviene del transporte y un factor clave es la antigüedad de la flotilla vehicular.
Se estima que en el país circulan 1,3 millones de unidades y su edad promedio es de 16 años.
Jorge Herrera, investigador del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, manifestó que después de diez años los carros empiezan a deteriorarse y a emitir más contaminantes.
Estos gases pueden provocar enfermedades respiratorias, cardíacas, daños al sistema nervioso, mareos y fatiga, entre otros males.
Resultados. Uno de los aspectos que se analizó el estudio sobre la calidad del aire en la GAM fueron las partículas finas (conocidas como PM 2,5), las cuales se derivan de los procesos de quema de combustibles fósiles, tanto en vehículos como en industrias.
La norma establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 10 microgramos por metro cúbico (ug/m3).
En el 2015, los científicos de la UNA monitorearon dos sitios: las cercanías de la Municipalidad de San José y los alrededores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), en La Uruca. En el primer sitio, se registró un promedio anual de 25 ug/m3 y en el segundo, 27 ug/m3. Ambos exceden los límites de la OMS.
Colaboró Michelle Soto
