A poco más de un año para que finalice el gobierno de Luis Guillermo Solís, el país carece de una cronograma claro para implementar la sectorización de rutas de autobús.
Este proceso, varado desde el año 2000, pretende reordenar el sistema de autobuses y así disminuir la cantidad de unidades que entran todos los días al centro de San José y, con esto, reducir el congestionamiento vial.
El proyecto, en manos de la viceministra Liza Castillo, no tiene un plan de trabajo público, propuestas técnicas, unidad ejecutora y fondos para la conformación de esta unidad.
También se desconocen aspectos relativos a cómo se calcularían las tarifas y las demandas de las nuevas rutas.
Desde que Castillo asumió su puesto, en julio del 2016, su mayor logro es la publicación del Decreto Ejecutivo N.° 40186-MOPT, el 3 de febrero.
Ese documento dice que, 15 días después de su publicación, debía darse a conocer un cronograma de labores para dar seguimiento a las metas fijadas. No obstante, esa herramienta no se conoce aún.
“Nosotros tenemos nuestro cronograma, pero para la luz pública aún nos hace falta detallarlo y sería muy irresponsable lanzar información que esté incompleta”, dijo Castillo.
La viceministra explicó que, a más tardar el 30 de abril, los empresarios autobuseros deberán presentar sus propuestas de sectorización.
Por ejemplo, los buseros del sector denominado como Santa Ana-Escazú tendrán que plantear cuáles serán sus líneas troncales, rutas secundarias, cantidad de estaciones, tipos de unidades y frecuencia de viajes, entre otros detalles.
Las ideas de los buseros deberán ser revisadas y aprobadas por el Consejo de Transporte Público (CTP).
¿Garantiza el MOPT el reordamiento de rutas en al menos uno de los nueve sectores? “Yo le puedo garantizar el mejor esfuerzo para que se articule una red primaria de (rutas toncales), le garantizo el mayor esfuerzo y voluntad de esta administración por llevar esto a cabo”, declaró la viceministra.
La Nación consultó a Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportistas, sobre los avances de las propuestas técnicas que deben presentar los empresarios de cada sector, pero dijo que no podía referirse a ese tema.
También se intentó conversar con Enrique Muñoz, intendente de Transporte Público de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), pero su oficina de prensa expresó que este asunto no era de su competencia.
Incrédulos. Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirmó que los avances con respecto a la sectorización son pocos y dudó de que pueda ejecutarse este proyecto antes de mayo del 2018.
La legisladora tiene la hipótesis de que el Gobierno evita tomar decisiones sobre este tema, pues no le conviene hacerlo.
“Tengo dos hipótesis: una es que están esperando los estudios de los autobuseros para tomar decisiones y la otra es que, políticamente, no se quieren tomar decisiones y eso se está postergando (...). En este momento, la evidencia es que no tenemos nada concreto”, señaló la diputada del PAC.
Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana, tampoco cree que el MOPT pueda sacar el plan adelante.