El Ministerio de Educación Pública (MEP) reúne a 71.000 de los 124.000 empleados públicos que tienen una convención colectiva, según el Ministerio de Trabajo.
Esa cantidad representa el 57% de los trabajadores que disfrutan de un contrato de este tipo y el 24% del total de la planilla del sector público.
El acuerdo fue firmado en abril del año pasado por el MEP, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome).
Entre los beneficios que creó esta convención, están: la apertura de 1.000 plazas nuevas y un mes de licencia por paternidad.
Según el MEP, el costo del convenio es de ¢5.660 millones al año. Ese monto se desglosa así: ¢2.600 millones para 600 nuevas plazas de cocineras; ¢1.560 millones destinados a 345 plazas de oficinistas y ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y recreación.
Otros aspectos negociados son la creación de comisiones para la vigilancia del estado de la infraestructura educativa.
La convención excluyó 98 peticiones de los sindicatos, entre los que figuraban bonos de vivienda para docentes y licencias de maternidad hasta por 24 meses.
El convenio entre educadores y el MEP tiene vigencia de tres años y vencerá el 16 de abril de 2016.
Cuando llegue esa fecha, se renovará de manera automática si ninguna de las dos partes la denuncia con un mes de anticipación.
“En este momento se están atacando las convenciones colectivas y sabemos que hay muchas convenciones que el Gobierno quiere denunciar (...). Los vientos que soplan son complicados para las convenciones”, expresó Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
En ese sentido, Paola Gutiérrez, abogada especialista en derecho laboral, dijo que no se deben satanizar las convenciones colectivas, pues su fin es mejorar la situación laboral de los empleados.
“Lo que se busca en una convención es que, por medio de una negociación libre y voluntaria, las partes puedan fijar las condiciones de trabajo; esas condiciones tienen que ser superiores al piso mínimo normativo establecido en el contrato de trabajo”, explicó la experta.
Otras áreas. La Administración Central, las instituciones autónomas y las empresas públicas suman 114.00 personas cobijadas por una convención colectiva.
De las 81 municipalidades, 51 tienen un acuerdo laboral de esta naturaleza. En total, 10.600 funcionarios de gobiernos locales tienen convención.
La Municipalidad de San José es la que suma más personal dentro de su convención: un total de 2.894 empleados.
La última vez que se renovó este contrato laboral colectivo fue en enero de 2013, bajo la gestión del alcalde Johnny Araya.
En el sector privado, 1.576 personas tienen una convención colectiva, lo que equivale a 0,08% del total de la fuerza de trabajo de la empresa privada.
La mayoría de compañías con este beneficio son agrícolas.