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Más posibilidades para acceder a asistencia legal gratuita, mayores controles sobre los patronos y la promesa de juicios mucho más cortos son algunos factores que podrían disparar el número de expedientes que se tramitan en los tribunales de trabajo.
Ese es uno de los escenarios para los que se prepara el Poder Judicial, ante la entrada en vigencia, el 25 de julio, de la nueva versión del Código de Trabajo, con los cambios introducidos por la Reforma Procesal Laboral aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2015.
Desde la Sala Segunda –que conoce los recursos de casación en materia de trabajo– se coordinan las contrataciones y capacitaciones necesarias para pasar de los procesos escritos a los juicios orales, el cambio más trascendental de la nueva ley. Con la implementacion de ese sistema se espera acortar la resolución de conflictos laborales a menos de un año.
No obstante, un especialista en derecho laboral, una magistrada y la viceministra de Trabajo coinciden en que con la normativa también se corre el riesgo de que sean cada vez más las disputas que llegan hasta la sede judicial, lo que podría rebasar la capacidad de reacción de los juzgados de trabajo.
Para Marco Durante, abogado laboralista, una de las principales preocupaciones es que la Defensa Pública se quede corta.
La reforma crea la obligación de dar un abogado para demandas por derechos laborales a los trabajadores menores de edad, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, quienes consideren haber sido víctimas de discriminación en el ámbito laboral y los empleados que ganen menos de ¢852.400 al mes (dos salarios base).
Según Durante, a los diputados que aprobaron la reforma "se les fue la mano" con esa medida, pues tan solo el último grupo está compuesto por cerca de 1,8 millones de trabajadores.
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"La defensa pública es aplaudible, porque hay un montón de trabajadores en Costa Rica que no tienen dinero para ir a demandar y por eso no lo hacen. Pero de ahí a que se lo quieran dar al 90% de los empleados. Debió haber quedado para los que tienen salario mínimo, o un salario base (no dos, como se estableció)", manifestó el experto.
En opinión de Durante, dotar a tantas personas de un abogado defensor gratuito hará que se multipliquen las cerca de 30.000 demandas laborales anuales que actualmente se presentan.
El jurista comparó esa eventual situación con una autopista recién construida y diseñada para viajar más rápido, por la que empieza a transitar tal volumen de vehículos que eventualmente se satura.
El Poder Judicial hizo el cálculo y corroboró que entre el 2011 y el 2015, el 80% de los demandantes en juicios de trabajo habría tenido derecho a un defensor público, si la reforma hubiera estado vigente en ese periodo.
231 plazas en Poder Judicial
Según Julia Varela, magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de la transición en el Poder Judicial, la institución está consciente de que pronto tendrá una mayor carga de trabajo y por ello toma previsiones.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial creó 231 plazas nuevas para implementar el cambio en la legislación. De ellas, 72 son para abogados de asistencia social –integrados a la Defensa Pública–, quienes se distribuirán en todos los juzgados del país.
No obstante, esos profesionales serán insuficientes.
"Nosotros no vamos a tener capacidad instalada, yo ya lo visualizo así. Lo pronostico y ojalá me equivoque. No vamos a tener defensores para atender todos los casos", reconoció Varela.
La magistrada, sin embargo, dijo no sentirse preocupada, pues considera que los casos que no puedan ser asumidos por la Defensa Pública son clientes potenciales para abogados externos y organizaciones que faciliten asesoría.
De acuerdo con la magistrada, otro de los riesgos es que el número de jueces sea insuficiente, pese a que se presupuestaron 34 nuevas plazas. Ella solicitó más pero, según dijo, la Dirección de Planificación le informó de que no era viable aumentar tanto el presupuesto.
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Sin embargo, la jueza confía en que muchos conflictos se resuelvan con negociaciones extrajudiciales, como los servicios de conciliación y arbitraje que ofrecerá el Ministerio de Trabajo.
Nancy Marín, viceministra de Trabajo, coincide con Varela y ve en esas vías alternativas el mecanismo para evitar una saturación de los tribunales laborales.
"Yo creo que precisamente el reto de que esa saturación no se dé es que nuestros servicios puedan resolverle a la gran mayoría de la gente, sin irse a pleito. El problema de la población costarricense es que judicializa muchos sus casos y eso lo que hace es saturar el sistema, entonces también es un tema de educación. Hay que educar a la población en que las cosas se pueden resolver hablando entre nosotros y yendo a conciliar", manifestó Marín.
Trabajo también se prepara para aplicar la Reforma Procesal Laboral con 108 nuevas plazas, de las cuales 18 son para conciliadores y 12 para árbitros. El personal se distribuirá en seis centros de Resolución Alternativa de Conflictos, los cuales se abrirán en Alajuela, San José, Pérez Zeledón, Limón, Guanacaste y Puntarenas.
En ellos, patronos y trabajadores podrán tener una solución para sus disputas: las conciliaciones no son de acatamiento obligatorio, mientras que las resoluciones de los árbitros sí.
Durante el 2016, Trabajo realizó 24.902 audiencias conciliatorias, en las que se negociaron ¢16.000 millones. Los arbitrajes son una medida nueva que posibilita la reforma.
De acuerdo con Éric Briones, asesor legal de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo, la ventaja de tales arreglos sobre los procesos judiciales es que son más ágiles. Un arbitraje puede estar resuelto en cuatro meses y una conciliación en 20 días hábiles.
