La Corte congeló, en julio del 2012, un intento de eliminar el privilegio que les permite a todos sus empleados gozar del 100% de su salario cuando se incapacitan por enfermedad.
La propuesta para pasar de la equiparación de la incapacidad con el 100% del salario y transformarla en un subsidio del 60% del sueldo, como ocurre en el resto del sector público y privado, la hizo, en el 2011, la actual magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, mientras servía como directora del despacho de la Presidencia de la Corte, cargo que en aquel momento ostentaba Luis Paulino Mora, quien falleció en el 2013.
Un empate. Según consta en el acta N.° 22 de la sesión extraordinaria de Corte Plena del 25 de junio del 2012, la votación de la propuesta que hizo Hernández quedó en un empate.
Mientras ocho magistrados votaron a favor de analizar la posibilidad de modificar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que sustenta el pago de la licencia con goce de salario por enfermedad, otros ocho votaron a favor de suspender esa discusión hasta que la Sala IV fallara una acción de inconstitucionalidad que presentó la Contraloría General de la República (CGR) contra tal privilegio.
En la sesión 24-12 del 16 de julio del 2012, la Corte optó por aguardar la decisión de la Sala IV.
La Nación informó este viernes de que el 18 de diciembre del 2014, ese alto tribunal rechazó los alegatos de la CGR en contra de la licencia. En esa sesión, la Sala la integraron magistrados suplentes, pues los propietarios, incluida Hernández, se inhibieron.
La decisión la tomaron porque, con su participación, podían afectar la imparcialidad del tribunal al ser empleados de la Corte sujetos a gozar de la licencia. Pero los propietarios Gilbert Armijo y Ernesto Jinesta, se vieron en la obligación de estar en el debate porque un grupo de suplentes también se inhibió, por formar parte de la planilla judicial.
Han transcurrido diez meses desde ese fallo, pero aún es incierto cuándo se retomaría el debate para eliminar la licencia.
Oneroso privilegio. El plan que congeló la Corte pretendía reducir el pago de incapacidades. En el 2014, ese poder pagó ¢7.162 millones en licencias, el equivalente a un 2% de su presupuesto.
La carga se torna pesada porque, al ser salario, las incapacidades en el Poder Judicial también se cuentan para calcular aguinaldo y cesantía, lo cual, según explica la iniciativa de reforma, “genera un efecto exponencial en el presupuesto del Poder Judicial”.
Pese a esto, la vocera del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud), Ingrid Bermúdez, dijo que el gremio se opone a que el privilegio se elimine porque los empleados judiciales necesitan incapacitarse más, dada la naturaleza de su labor, expuesta a la “conflictividad social del país”.
Consultada sobre si la Administración judicial planea reformas para reducir el costo de las incapacidades, la presidenta de la Corte, Zarella Villanueva, contestó que, en coordinación con el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Gestión Humana, se toman acciones para que las incapacidades se ajusten a criterios “estrictos”.
“Se conformó una comisión, liderada por un integrante del Consejo Superior, que trabaja el tema con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el propósito de verificar los criterios médicos con los que se otorgan las incapacidades”, detalló la jerarca.
