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Los operadores de telecomunicaciones podrían olvidarse, a partir de este año, de cumplir con requisitos de tarifas máximas, formas de cobro y calidad de los servicios que ofrecen.
Esto significa que se anularían, por ejemplo, los topes de hasta ¢24.000 en velocidades de navegación de Internet móvil; también los precios máximos de ¢40 por minuto de voz en prepago y de ¢30 en caso de pospago.
Para que esto sea una realidad, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) debe comprobar que, tras seis años de apertura del mercado, existe una competencia efectiva o genuina entre las compañías.
La metodología para realizar ese análisis de las condiciones actuales ya fue aprobada y los resultados estarían listos a finales de año, aseguró ayer Gilbert Camacho, presidente del Consejo Directivo de la Sutel.
A partir de esa declaratoria, la Sutel dejaría de controlar el mercado para permitirles a los operadores decidir con plena libertad y fijar precios según la oferta y la demanda de servicios (aunque podría multarlos, en caso de ser necesario).
El estudio no solo se aplicará a los servicios móviles de voz e Internet, sino a todos los de telecomunicaciones, como los de telefonía fija e internacional.
Según Walther Herrera, director de Mercados de la Sutel, “ya es tiempo” de revisar cuánto varió el sector desde que se anuló el monopolio que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ahora representado por Kölbi.
Añadió que si existiera una competencia efectiva, las compañías tendrían aún menos incentivos para encarecer sus precios.
A los clientes de operadores móviles les resulta fácil migrar sobre todo después del 2013, cuando se abrió la puerta a la portabilidad numérica. Desde entonces, pueden cambiar de compañía hasta cinco veces al año, conservando el mismo número.
Urgente. La declaratoria de competencia genuina y la radiografía sobre la realidad del sector son urgentes para los principales operadores móviles, Kölbi, Claro y Movistar, según lo destacaron sus representantes ayer, en un foro organizado por la consultora económica Ecoanálisis.
A fin de cuentas, el país ha estado sometido por más de 40 años a un modelo de intervención regulatoria de fijación de precios.
“El modelo de libre oferta y demanda necesariamente beneficiará al usuario de forma directa y tangible; traerá opciones”, opinó Juan Manuel Campos, consultor en la firma Ciber Regulación.
Pero existe la posibilidad de que la declaratoria no llegue este año. Si la Sutel determinara que uno de los operadores es significativo o relevante (que su condición en el mercado influye unilateralmente sobre los precios), recurriría a otras alternativas.
Estas son: mantener una regulación “estricta” o definir si, pese a la existencia de un actor relevante, se dan condiciones de competencia. En ese caso podría, por ejemplo, eliminar el tope de precios solamente para los operadores que tienen menor participación, y así acelerar el equilibrio.
Campos advirtió sobre el peligro de declarar competencia efectiva si no la hay, pues los operadores podrían optar por subir precios si necesitaran más recursos.
Desde que rige la apertura del sector –2009–, el panorama de las telecomunicaciones cambió: los proveedores crecieron de 1 a 117 y el valor del mercado, de ¢212.000 millones en 2010 a ¢588.000 millones en 2013 .
Según el último informe de la Sutel sobre la participación de los operadores móviles, a setiembre del 2013 Kölbi poseía el 65% del mercado (4.278.183 de líneas activas); Movistar, un 16% (1.063.148) y Claro, otro 16% (1.055.695).
