Juan Fernando Lara S.
Nueve grupos sindicales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dieron su apoyo a la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público que pidió una investigación especial sobre las condiciones en que se financió la planta hidroeléctrica Toro III, en San Carlos.
Esa obra fue desarrollada mediante una alianza entre el ICE y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) con un fideicomiso administrado en el Banco de Costa Rica (BCR).
Los legisladores desean confirmar si los abonados del ICE y de Jasec están pagando $41 millones por la compra de un equipo que, en realidad, costó $25,6 millones, según denunció La Nación el mes pasado.
El Frente Interno de Trabajadores del ICE (que agrupa a los nueve sindicatos) señaló que la planta y su financiamiento por medio de un fidecomiso ha sido motivo de controversia en los últimos años, según un comunicado enviado ayer.
Los diputados pidieron a la Contraloría General de la República esclarecer, mediante una auditoría financiera y contable, si se pagó un sobreprecio por los equipos y si, además, esto se realizó con autorización de la propia Contraloría.
Los sindicalistas pidieron a los diputados abstenerse de “politizar” su investigación, invitándolos a enfocarse en las actuaciones de los involucrados directos en la planificación, diseño y control de Toro III.
El Frente recordó a los congresistas los cuestionamientos “éticos y legales” contra Carlos Obregón Quesada, actual presidente ejecutivo del ICE y Julieta Bejarano, directora jurídica y secretaria ejecutiva del Consejo Directivo del Grupo ICE.
La propia Auditoría Interna del Instituto cuestionó la razonabilidad de los honorarios que el ICE y Jasec acordaron pagar a la empresa Consultores en Infraestructura GIP, durante 16 años, por sus labores como la unidad ejecutora de este proyecto hidroeléctrico.
