Juan Fernando Lara S.
La Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo de seis ciudadanos contra un proyecto inmobiliario en San Rafael de Heredia, al argumentar que tal desarrollo podría afectar una zona de recarga acuífera, donde se construiría.
El grupo acusa a la Municipalidad de San Rafael de Heredia de obviar requisitos de impacto ambiental, cuando otorgó un permiso para segregar un terreno en Concepción y convertirlo en 36 lotes para casas.
Del mismo modo, atribuyen a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) haber dado disponibilidad del servicio de agua a todos estos lotes.
Según los denunciantes, la zona donde se proyectan las obras se declaró área especial de protección en el Decreto N.° 25.902, según indica el curso de los magistrados al estudio del recurso, registrado bajo el expediente 16-014349-0007-CO.
Además, añaden que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) había declarado la zona donde avanza el proyecto de alta a mediana vulnerabilidad hidrogeológica y de alta recarga acuífera, por lo cual existen restricciones en el uso del suelo.
“Señalan que por lo anterior, se está poniendo en peligro, por contaminación e impermeabilización del suelo, las aguas subterráneas del Valle Central”, se afirma en parte del expediente.
El grupo considera lesionados sus derechos y los de la comunidad en la zona, porque en la actualidad acusan que ya sufren racionamientos de agua derivados de la escasez de líquido.
Según su argumentación, el cantón de San Rafael de Heredia tampoco posee plan regulador ni tampoco mapas de vulnerabilidad hidrogeológica cantonal recomendados por Senara.
Tal situación persiste, aun cuando la Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad realizarlos desde el 2008, según consta en el voto 2008-12109. Además, afirman que la ESPH tampoco posee estudios de balance hídrico para precisar cuánta agua tienen los acuíferos, según había recomendado Senara.
