Un Peugeot y un Volkswagen son los dos primeros carros que la Policía de Tránsito sacó de circulación por la prestación del servicio de transporte Uber, que se inició este viernes a las 4 p. m., pese a la oposición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
La subdirectora de la Policía de Tránsito, Sonia Monge, aseveró que los dos carros quedaron en los patios de San Sebastián y se les aplicó la misma legislación que a los taxistas que prestan servicio de manera irregular.
Añadió que el Volkswagen se detuvo en Zapote, al norte del Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de esa localidad, y el Peugeot a un costado de la catedral en San José.
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Monge enfatizó que desde las 4:20 p. m. comenzó un operativo reforzado con seis oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y seguirá como usualmente se hacen los operativos contra el transporte ilegal, solo que ahora se suma este nuevo factor.
La vocera de Uber en Costa Rica, Rocío Paniagua, ha enfatizado que las "comunidades de autoabastecimiento" ya se emplean en el país para la administración de agua y electricidad.
"La Procuraduria General de la República ha emitido diversas opiniones en las que deja claro que existe la posibilidad de que servicios tradicionalmente públicos, como por ejemplo el agua potable o la energía eléctrica, puedan ser generados o prestados a través de comunidades de autoabastecimiento o autogestión. Uber operará con una figura idéntica. Es una comunidad de miembros (usuarios y conductores) creada para autoabastecer o autogestionar sus necesidades especificas de movilidad", dijo Paniagua.
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Los carros se llevaron con la plataforma al depósito de vehículos y ahora los dueños, conforme a un decreto recién aprobado, deberán pagar el acarreo y cada día de custodia de los vehículos.
La multa será definida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y puede rondar entre un 10 o un 20% del salario base establecido para un funcionario judicial que este año es de ¢403.400.
