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San José.
El diputado socialcristiano Luis Alberto Vásquez y representantes del Poder Ejecutivo contrastaron este jueves sus argumentos en una audiencia convocada por la Sala Constitucional a raíz de un recurso de amparo contra el subsidio al gas de cocina, el búnker y el asfalto, cargado al precio del diésel y la gasolina, desde 2008.
El 16 de agosto del año pasado, 37 legisladores objetaron el Decreto Ejecutivo 39437-MINAE del 13 de enero del 2016 que frenó un alza de 72% en el precio del gas licuado de petróleo (GLP). Ese incremento estaba basado en una nueva fórmula de cálculo para el costo de los hidrocarburos.
El nuevo modelo eliminó el subsidio para el gas y otros carburantes que desde hacía cinco años se cargaba a los consumidores de gasolina y diésel. Esa subvención significó, desde 2008, más de ¢100.000 millones de más en las tarifas de esos dos combustibles, con lo cual se logró abaratar el gas de cocina para 651.000 hogares (55%) y la producción industrial.
El decreto paralizó la intención de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) de quitar ese subsidio en el costo del GLP, asfalto y búnker con la nueva metodología de cálculo de combustibles.
La normativa también bajó la presión del sector industrial opuesto al alza en el producto mientras el Gobierno presentó la decisión como fórmula para evitar más pobreza al ser el gas de cocina uno de los productos más utilizados por familias de bajos recursos.
Sin embargo, en criterio del diputado, él y 36 de sus compañeros interpusieron el recurso para resguardar derechos constitucionales e intereses de los consumidores.
Para Vásquez, se trata de garantizar "certeza y seguridad en las relaciones de los usuarios con los servicios del Estado". Por esa razón, cree necesario eliminar la distorsión, debido al gasto adicional que significa para los consumidores.
El congresista estimó el gasto en ¢ 2.550 millones al mes, aunque no precisó cómo llegó a esa cifra.
"Este aumento que se carga irregularmente a los usuarios en perjuicio de sus intereses económicos; es un subsidio que beneficia al sector industrial, uno que afecta los intereses económicos de los ciudadanos a quienes se impuso un carga arbitraria. Este decreto vino sin un claro origen legal y al margen de lo que ordena la Ley de Recope", declaró.
Según el diputado, la Ley 6588 de Recope dice textualmente: "A partir de la vigencia de la presente ley no se podrán establecer nuevos subsidios ni aumentar los existentes, salvo por disposición legislativa".
Para Vásquez y los demás congresistas firmantes del recurso, este subsidio resultó de la introducción de un ajuste sin consulta y sin debido proceso, al margen de la ley porque "nadie nunca supo de su existencia".
"Está claramente estipulado que hasta el mismo Recope aceptó la existencia del subsidio desde hace muchos años, pero el Gobierno nunca aseguró medidas para evitar el beneficio de intereses privados en vez de colectivos. Aresep incluso habría recomendado no firmar el decreto porque iba a beneficiar a unas 90 empresas y aún así se suscribió", manifestó.
Decisión para prevenir pobreza y cuidar competitividad. Concluidos 10 minutos de exposición otorgados a Vázquez, autoridades de Gobierno recalcaron la necesidad del decreto como camino para evitar más pobreza y prevenir la pérdida de competitividad en distintos sectores.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, defendió la norma en términos de su impulso al "bienestar general" y argumentó que, sin este, un aumento de 72% en el precio del gas de cocina habría golpeado a los estratos de población más vulnerables del país. Además, dijo, se logró garantizar estabilidad a nivel de empleo.
El ministro reiteró que un aumento como ese habría golpeado industrias y negocios, lo que habría provocado despidos.
Según Alfaro, la decisión oficial incluso estimuló la producción, al conservarse el nivel actual de competitividad porque el gas se utiliza en "hospitales, hoteles, restaurantes y en escuelas para dar de comer a los niños".
La audiencia, realizada en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones, atrajo a distintas autoridades ligadas el caso entre las cuales estuvieron Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Roberto Jiménez, regulador general de los servicios públicos y Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía.
También acudió Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica quien insistió a los magistrados la conveniencia de la decisión tomada por el Gobierno porque, de no existir, "el golpe lo recibirían las sodas pequeñas, las zonas pobres del país y los trabajadores ligados a industrias como la alimentaria, el comercio y la industria ligada al gas, el búnker y el asfalto".
