Los 52 incentivos y pluses salariales de los 52.000 empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se sustentan en una maraña jurídica
En total, son 70 diferentes normas legales las cuales fundamentan un complejo y singular sistema de remuneraciones cuyo entendimiento es casi exclusivo de esa entidad.
La estructura salarial se arraiga en leyes, reglamentos, normativas internas, decretos ejecutivos, directrices del Servicio Civil, acuerdos de Junta Directiva y pactos con organizaciones gremiales.
Así lo determinó una fiscalización realizada en la Caja por la Contraloría General de la República (CGR), luego de la crisis financiera del 2011.
Dicha auditoría determinó que incentivos salariales como antigüedad, dedicación exclusiva, carrera profesional, prohibición o complemento salarial a enfermeras, se originan en leyes y decretos del Gobierno Central avalados por la Junta Directiva de la Caja.
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Otros pluses salariales se originan por normativa interna de la CCSS que también requieren del aval de la directiva. Destacan reglamentos, normas laborales, negociaciones con sindicatos, disposiciones de la Autoridad Presupuestaria y del Servicio Civil.
La Contraloría encontró que entre los incentivos cobijados por estas reglas están las disponibilidades para jefaturas administrativas, ingenieros, directores y subdirectores de hospitales y áreas de salud.
Además se incluyen otros como complementos salariales por computación, asignación a cajeros, vivienda, peligrosidad, auxilios económicos, zonaje, incentivo especial por vivienda y reconocimiento a patólogos.
En su estudio, el ente contralor realizó una revisión especial de los pluses de antigüedad, dedicación exclusiva y disponibilidades médicas, pues se aplican desde hace 26 años.
Estos tres incentivos consumieron casi una tercera parte del total de remuneraciones pagadas por la CCSS a diciembre anterior, rubro que ascendió a ¢985.000 millones, según los estados financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
“Estos pluses tienen una antigüedad promedio de dos décadas y, por tanto, requieren un análisis por parte de la CCSS para replantear su vigencia y tomar las acciones correspondientes”, enfatizó la Contraloría en su auditoría.
Por otra parte, e l pago de cesantía es otro de los beneficios que comenzó a incrementarse, luego de que la Junta Directiva avalara, en el 2010, que pasara de un reconocimiento de 15 años a un tope de 20 años, el cual se alcanzará el 1.° de julio próximo.
En el acumulado de enero a diciembre del año pasado, la Caja pagó ¢33.436 millones por concepto de prestaciones legales, es decir, un 9% más frente al mismo periodo del 2014.
