El futuro laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para aplicar la fertilización in vitro (FIV) requerirá de siete especialistas para garantizar su funcionamiento.
El dato surge del estudio que solicitó en marzo pasado la Junta Directiva de la institución con el fin de conocer los requerimientos básicos para instalar el centro. La Junta cumplió así con una resolución del 1.° de marzo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que dio por válido el decreto del presidente Luis Guillermo Solís, emitido para regular la FIV y con eso acatar la sentencia que impuso ese mismo tribunal desde noviembre del 2012.
Según informó la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz Madrigal, ante consulta de La Nación, entre esos siete especialistas estarían expertos en embriología, andrología y gineco-obstetricia.
Sáenz explicó que la institución está buscando que la formación de los profesionales esté lista para el momento en que el laboratorio entre en funcionamiento.
De acuerdo con los cálculos iniciales de la Caja, eso podría suceder en un plazo que va de 18 a 24 meses, confirmó Sáenz.
“Ya tenemos el plan que se sigue, semana a semana, para poder cumplir con los dos años que tenemos para sacar la licitación. Este paquete tiene que ir a aprobación de la Junta Directiva para las próximas semanas. La idea es que cuando esté el edificio, estén los recursos humanos”, manifestó Sáenz.
En lo privado. Mientras se concreta la construcción y el equipamiento del laboratorio, así como la formación del personal, las parejas que requieran de la técnica no podrán tener acceso a ella en la Caja, solo a nivel privado.
El 1.° de abril anterior, el Ministerio de Salud publicó en La Gaceta la normativa que ordena la aplicación de la técnica de FIV en el país.
Desde entonces, las clínicas privadas están habilitadas de pedir los permisos a Salud, siempre que cumplan con los requisitos que exige esa regulación.
La norma técnica permite ejecutar el decreto presidencial y además establece la forma en que el Ministerio de Salud debe operar para dar autorizaciones a hospitales y clínicas privadas que quieran aplicar la técnica reproductiva en Costa Rica.
Varios centros privados consultados por La Nación confirmaron que estarían en capacidad de ofrecer la técnica a partir del segundo semestre de este año.
Se calcula que en el país podría costar la mitad de lo que vale en naciones como Panamá o Colombia. En esos casos, y en otros países, un procedimiento de este tipo ronda los $12.000.