La Fiscalía Adjunta de San José nvestiga la denuncia por hackeo de planillas de más de medio millón de trabajadores bajo el presunto delito de sabotaje informático, informó el Ministerio Público.
Según confirmó la oficina de prensa de esa institución, la investigación se tramita con el expediente 15-000648-0612-PE, y se encuentra en la etapa de recolección de pruebas.
La investigación se abrió luego de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentara una denuncia el pasado 13 de agosto del 2015, en la Fiscalía de Fraudes.
La CCSS detectó, en marzo, la sustracción ilegal de más de 500.000 registros laborales de la base de datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere). Aquí se recoge toda la información salarial de más de 1,7 millones de trabajadores, tanto asalariados como por cuenta propia.
En un principio, la CCSS presentó la denuncia por el presunto delito de fraude informático, informó la Fiscalía.
"Sin embargo, luego de la valoración inicial de la denuncia, la Fiscalía de Fraudes descartó la presencia de los delitos de fraude o estafa informática, por carecer de los presupuestos necesarios para la configuración de esos ilícitos", informó la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de este diario.
Según explica la Fiscalía, el delito de sabotaje informático está contemplado en el artículo 229 bis del Código Penal.
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"(...) el tipo penal que podría configurarse es el de sabotaje informático, ya que aparentemente se presentó la inutilización o entorpecimiento del sistema informático dela CCSS denominado Sicere.
"La pena establecida en el Código Penal para este delito es de uno a cuatro años de prisión "a la persona que por cualquier medio accese, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización los datos registrados en una computadora. Si como resultado de las conductas indicadas se entorpece o inutiliza el funcionamiento de un programa de cómputo, una base de datos o un sistema informático, la pena será de tres a seis años de prisión. Si el programa de cómputo, la base de datos o el sistema informático contienen datos de carácter público, se impondrá pena de prisión hasta de ocho años”, informó el Ministerio Público.
Según Rónald Lacayo, director del Sicere, esta es la primera vez que ese sistema sufre un ataque de esas dimensiones.
Las autoridades de esa institución califican el hecho de "gravísimo", pero aseguran que ningún dato de los trabajadores fue alterado.
