Los asegurados podrían tomar decisiones sobre cómo gastar el dinero de los hospitales si fructifica un plan para fortalecer las juntas que los representan en los centros de salud.
Hasta ahora, quienes conforman estos grupos no tienen mayor injerencia en la definición de prioridades para usar los fondos millonarios que destina la Caja a los hospitales y a las Áreas de Salud.
En algunas localidades, incluso, cuesta encontrar gente para formar parte de estas juntas debido a la falta de interés comunal.
Por eso, hace dos semanas, a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) llegó una propuesta del director José Luis Loría, que pretende reformar el Reglamento de las Juntas de Salud para darles voz y voto, además de presupuesto para su funcionamiento.
Para justificar su iniciativa, Loría reconoce que estos grupos tienen escaso o nulo protagonismo en las decisiones que se toman pues se les considera "entes auxiliares", con competencias limitadas para fiscalizar los servicios médicos.
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"Los signos de los nuevos tiempos demandan reformas sustantivas que permitan una fiscalización y participación más vigorosa de la ciudadanía para incidir determinantemente en el mejoramiento de los servicios de salud y en la promoción de la misma", afirma el director de la Caja.
Estas organizaciones fueron creadas en 1998 con la Ley de Desconcentración de Clínicas y Hospitales, pero las primeras fueron nombradas hasta el 2000.
Cada una está integrada por siete miembros, propuestos por organizaciones comunales entre los cuales se encuentra la municipalidad del cantón donde se localiza el centro de salud.
A la fecha, hay 141 en todo el país, informó la CCSS.
Nuevos aires. Los cambios que inicialmente se proponen incluyen dar recursos económicos para que quienes integran estas organizaciones se puedan capacitar en temas como políticas públicas de salud y normativa de la Caja.
La eventual reforma busca reforzar la organización regional y nacional, de tal manera que puedan participar en la fiscalización de la gestión de los servicios junto a la Dirección de Contralorías de la CCSS.
La Junta Directiva nombró una comisión con tres directivos para que en un mes se formalice la propuesta de modificación al reglamento de juntas, informó Loría.
Los directores Rolando Barrantes, Mayra Soto y Loría están a cargo de formalizar la propuesta.
Sobre estos cambios se ha venido hablando desde hace al menos un año, contó Marvin Araya Castillo, vocal de la junta de salud del Hospital México.
Son reformas necesarias, aseguró, porque si se aprueban los cambios tendrían más instrumentos para trabajar en aspectos estratégicos de los hospitales, más allá de organizar ferias de la salud.
Según Araya, la junta del México ha procurado intervenir en asuntos medulares.
Recientemente, realizaron una encuesta en el servicio de Emergencias cuyos resultados fueron presentados ante la Dirección Administrativa y Médica de ese hospital.
Hasta ahora, dijo, la Administración y Dirección del México han sido respetuosas de las propuestas que han hecho. "Esto depende mucho de los grupos, pero sí hace falta capacitación para mejorar el trabajo", agregó.
Carlos Alberto Halabi Fauaz, presidente de la junta de salud del Hospital Max Peralta, en Cartago, considera necesarios los cambios.
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"Actualmente, nosotros solo somos colaboradores de la dirección del hospital. Si avanza la propuesta, se nos daría más poder porque ahora no tenemos argumento jurídico para intervenir en las decisiones", dijo Halabi.
Esta junta de salud está muy pendiente de la construcción del nuevo hospital de Cartago, un proyecto que ha sido su bandera en los últimos 15 años.
Para la directora del Área de Calidad de Vida en la Defensoría de los Habitantes, Tatiana Mora, estos cambios fortalecerán la institucionalidad de la Caja.
La Defensoría siempre ha mantenido una posición sumamente crítica ante problemas como las listas de espera, y el rezago en infraestructura y equipamiento en los servicios públicos de salud.
Hasta hace unos años, comentó Mora, la CCSS tenía una dirección de juntas de salud, pero la desaparecieron.
"Nosotros tenemos un expediente porque está en proceso de investigación. Evidentemente, situaciones así muestran claramente cómo la Caja quiere invisibilizar a la población", sostuvo Mora.