San José
Dos abogados de Casa Presidencial y dos del Ministerio de Relaciones Exteriores -Cancillería- explicarán el cumplimiento de la sentencia por el caso de fertilización in vitro (FIV) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la audiencia del próximo 3 de setiembre.
El Gobierno debe exponer ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las acciones que ha tomado para que se regule y se aplique la FIV en el país como lo exige la sentencia del diciembre del 2012, aunque los argumentos del Ejecutivo son confidenciales hasta el día de la audiencia.
El pasado 13 de agosto el Gobierno de Costa Rica comunicó a la Corte IDH que la Procuraduría General de la República (PGR) ya no participará en la audiencia y en su lugar lo hará la Dirección Jurídica de Casa Presidencial junto a la Cancillería.
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La delegación estará conformada por el director Jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, la directora Jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda, la directora adjunta de la Cancillería, Eugenia Gutiérrez y la asesora legal de Presidencia, Viviana Benavides.
Ubeda explicó que en los jucios internacionales, la defensa del Estado la asume la Cancillería, pero por solicitud del Gobierno, la Procuraduría representó a Costa Rica en los procesos del caso del periodista Mauricio Herrera y en el de FIV, ambos ante la Corte IDH.
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De acuerdo con la directora Jurídica de la Cancillería, el cambio se hace porque la PGR ya cumplió con la defensa del país en la fase jurisdiccional -de juicio- y ahora le corresponde a la Dirección Jurídica de Casa Presidencial participar en la etapa del cumplimiento de la sentencia.
En diciembre del 2012, la Corte IDH condenó a Costa Rica por prohibir la aplicación de la FIV y le ordenó regular esa técnica reproductiva con el fin de que se realice en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en sistema de salud privada.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dio luego de que una resolución de la Sala Constitucional prohibiera la FIV en el 2000 por considerarla una técnica contraria al derecho a la vida.
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Tres años después de la condenatoria, el Estado costarricense todavía no tiene una ley aprobada que regule la FIV.
Según Ubeda, la Dirección Jurídica de Casa Presidencial debe participar en la audiencia para explicar el cumplimiento de la condena, ya que se trata de un órgano del Ejecutivo que puede generar normativas o reglamentos.
FIV por decreto. El pasado 4 de marzo, 23 parejas pidieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que regule la fertilización in vitro por decreto, ante el atraso que enfrenta el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Las parejas representadas por el abogado Hubert May, presentaron al Gobierno un borrador del decreto sobre el cual la Dirección Jurídica de Casa Presidencial realiza un análisis para definir si es viable regular la técnica reproductiva bajo esa figura legal o se requiere una ley.
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Actualmente hay un proyecto de ley para regular la FIV en el país que se encuentra listo para ser votado en primer debate en el Congreso, pero enfrenta cuestionamientos de los diputados de la fracciones cristianas.
El Gobierno convocó el expediente a las sesiones extraordinarias que van del 1 al 31 de agosto, durante ese periodo el Ejecutivo controla la agenda de proyectos de ley que se discuten en el plenario y las comisiones legislativas.
Segunda denuncia. Costa Rica enfrenta una segnda denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no permitir la aplicación de la FIV.
El caso fue abierto por seis parejas en el 2004 y es diferente al que presentaron 23 parejas en el 2001 que concluyó con la condena de la Corte IDH en el 2012.
Costa Rica debe enviar una respuesta sobre el informe de fondo que dio la CIDH en enero de este año, luego esa comisión internacional emitirá una serie de recomendaciones, entre las cuales podría pedir que se abra un nuevo juicio contra el país por no aplicar la FIV.