Los nueve partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa anunciaron, esta tarde, la presentación de un proyecto de reforma a la Constitución Política para reducir permanentemente la contribución del Estado a las agrupaciones para las elecciones nacionales y municipales.
Actualmente, en la Carta Magna, se establece que la deuda política corresponde a un 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivaldría a unos ¢55.000 millones en las elecciones presidencial y legislativa del 2018.
La propuesta de las nueve agrupaciones es reducir, de forma permanente, dicha contribución a un 0,11%. Con ello, el aporte para el 2018 se quedaría en ¢31.000 millones, lo que implica una reducción de poco más ¢24.000 millones.
El dinero ahorrado alcanzaría para financiar la construcción de cuatro viaductos (pasos a desnivel) como el que se construyó en la intersección de Paso Ancho, sobre la carretera de Circunvalación.
Tanto para las elecciones del 2010 como para las del 2014, la Asamblea redujo la deuda política a un 0,11% mediante medidas transitorias. La idea, ahora, es que el recorte sea definitivo.
La reforma constitucional salió del seno de la Comisión legislativa de Reformas del Estado, según explicó su presidente, Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
Con el trámite parlamentario correspondiente a una reforma constitucional, la iniciativa quedaría aprobada en mayo del 2017, porque primero debe recibir tres lecturas en plenario, irse a comisión dictaminadora en un plazo corto y aprobarse en dos legislaturas diferentes.
La primera de esas legislaturas sería la actual, por lo que la primera votación tendría que darse antes del 30 de abril del próximo año. Luego, se tendría que esperar a que el presidente, Luis Guillermo Solís, mencione la reforma en su informe a los diputados del 2 de mayo del 2017 para que, finalmente, reciba una segunda votación en la próxima legislatura.
Este lunes, de una vez, quedó aprobado en primer debate una reforma al Código Electoral, propuesta por Ottón Solís, para reducir la contribución estatal para las elecciones nacionales del 2018 y las municipales del 2020 mediante un transitorio, por si acaso la reforma constitucional no queda lista a tiempo. El acuerdo para ello lo había anunciado el presidente legislativo, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti.
"El sistema actual promueve gastos exorbitantes y con la reforma constitucional se buscaría evitar eso", dijo Álvarez.
"Para nosotros es fundamental que, en medio de esta reforma política, no perdamos de vista la necesidad de no perder la fiscalización, sino que sea más efectiva", dijo Patricia Mora, del Frente Amplio.
Asimismo, en medio del debate por la búsqueda de recursos para seguridad, Mora apuntó que con la reducción temporal de la contribución estatal no se podrá dar financiamiento al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), en la cantidad estimada que mencionaron varios miembros de la alianza opositora.
Redondo confirmó que no todo el monto que se reduciría se puede utilizar, porque para el 2017 solo habría en el Presupuesto Nacional cerca de ¢7.000 millones, para financiar el monto que se puede adelantar a los partidos políticos antes de las elecciones. A esa cifra, con esta reducción, se le quitarían ¢2.300 millones, los cuales podrían ser redirigidos a Seguridad.