Nueve altos funcionarios públicos figuran entre las personas que firmaron polémicos contratos en la campaña presidencial del 2010 que tienen al Partido Acción Ciudadana (PAC) en el banquillo de los acusados.
Seis de ellos ocupan cargos en el actual Gobierno. Son los casos de la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sara Salazar; el embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Carlos Mendoza; y del viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez.
También figuran Jeannette Ruiz, miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN); el directivo del Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), Rodrigo Cabezas; y el director general del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Pablo Cárdenas.
Los otros tres son las diputadas oficialistas Emilia Molina y Laura Garro, así como el regidor por San José, Daguer Hernández, quien luchará por esa alcaldía en las elecciones municipales del 7 de febrero.
En total, los nueve facturaron poco más de ¢43.300.000. Cada uno suscribió uno de los 374 contratos por servicios especiales investigados por el Ministerio Público, caso que devino en una acusación penal por los aparentes delitos de estafa y uso de documento falso en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por ese caso, el PAC, su extesorero Mynor Sterling y el colaborador Antonio Bolaños irán a juicio en julio del 2016.
La Fiscalía presentó la acusación tras una denuncia del TSE. Según dicha queja, el PAC habría cobrado comprobantes de pago por ¢16,2 millones de servicios especiales que se prestaron en esa campaña electoral pero de forma gratuita, o bien, que del todo no se realizaron.
El tribunal incluso alertó de la presunta existencia de firmas falsas en algunos contratos.
Esos acuerdos laborales también fueron sujetos de pesquisas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y son la razón por la cual esta institución le está cobrando ¢465 millones por cargas sociales a la agrupación.
La Caja reclama el pago de las cuotas obrero-patronales de 490 profesionales y técnicos a quienes el PAC contrató entre julio del 2006 y marzo del 2010.
Dentro de la suma demandada además le achaca haber subdeclarado –durante el mismo lapso de tiempo–, el salario de otros 25 empleados.
De los contratos en cuestión, el TSE solo autorizó el pago, con fondos de la deuda política, del 48% de las facturas; es decir, que se reconocieron ¢561 millones de los ¢1.100 millones incluidos en la liquidación de gastos de esa campaña electoral.
De los contratos firmados por los altos funcionarios, el Tribunal solo avaló dos de ellos. Los de Mendoza y de Ruiz, cada uno por ¢2.400.000.
Reacciones. Mendoza afirmó que él fungió como coordinador de la organización cantonal en Montes de Oca, aunque también lideró aspectos de logística en otras actividades a escala de toda la provincia de San José. El hoy embajador negó haber recibido el dinero por esas labores.
“El acuerdo es que se cancelarían los servicios especiales con bonos de deuda (clase) B, bajo el entendido que su valor dependería del resultado electoral (...). Los bonos no me fueron cancelados ni recibí remuneración alguna. Era claro que eran una mera expectativa de pago y dependería del resultado electoral”, explicó desde Nueva York mediante un correo electrónico.
Ruiz, por su parte, también rechazó haber recibido un pago. Ella alega que donó el dinero al Partido. En su caso, como candidata a diputada por Alajuela, le tocó liderar la campaña local. “No recibí ni un solo cinco; eso quiero que quede claro. Yo sí firmé el contrato y doné los bonos al Partido para que ellos eventualmente cobraran el dinero. No me parecía correcto que siendo candidata me pagaran; yo dije que no me pagaran nada”, expresó la actual directora del Banco Nacional.
Sin sustento. Los otros siete contratos no fueron reconocidos por el TSE y tampoco cobraron un valor económico. Por ende, ninguno de los funcionarios recibió el pago, pues con los votos que obtuvo el PAC en esa elección, la deuda política obtenida fue insuficiente para darles sustento financiero a los bonos con los que se pretendía cancelarles los montos.
Incluso, algunos de ellos, como Garro y Molina, reconocen que ellas nunca tuvieron los certificados de la contribución estatal, sino que los dejaron bajo la custodia del Partido.