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Una comisión especial de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el proyecto que permitiría destituir a los diputados que cometan faltas éticas. Se trata de una reforma constitucional para castigar las violaciones comprobadas del deber de probidad.
Así lo hicieron luego de que la Procuraduría de la Ética y la Sala III le dieron su visto bueno a la iniciativa, aunque la primera recomendó tres ajustes.
Ahora, el texto debe ser sometido al plenario legislativo y, de ser aprobado, sería el fundamento para crear mediante otra ley un régimen disciplinario para los legisladores, los cuales actualmente no pueden ser sancionados por razones éticas. Sin embargo, el plan no se podrá votar en el presente año legislativo, sino que deberá esperar a la próxima oleada de congresistas para seguir con su camino.
¿Qué es el deber de probidad? Según la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, es la obligación de "orientar su gestión a la satisfacción del interés público".
Según el artículo 3, dicho principio demanda a los funcionarios "demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia".
El texto original de la reforma constitucional agregaría un párrafo al artículo 112 de la Constitución Política que decía lo siguiente:
"La observancia del principio de probidad es de acatamiento obligatorio. La violación comprobada de dicho principio, de acuerdo con la ley, producirá la pérdida de la credencial del diputado. La ley podrá establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de la credencial de los diputados".
Sin embargo, tras recibir al procurador de la Ética Pública, Rónald Víquez, y al magistrado presidente de la Sala III de la Corte, Carlos Chinchilla, los diputados acordaron la semana pasada proponer los siguientes cambios:
-Cambiar el término 'principio de probidad' por 'deber de probidad'.
-Cambiar el verbo 'producirá' (que expresa una obligación, o sea, que el castigo sería, ineludiblemente, la pérdida de credencial) por la perífrasis verbal 'puede producir' o 'podrá producir', para expresar una potencialidad y no una obligación.
-Eliminar la última frase, desde "La ley podrá establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de la credencial de diputados", para no dejar abierto un portillo a un error legal.
La comisión, además, decidió agregar que la ley que fijará el régimen de sanciones para los congresistas debe ser aprobada con al menos 38 votos (mayoría calificada).
Con esos cambios, el texto aprobado este martes dice así:
"La observancia del deber de probidad es de acatamiento obligatorio. La violación comprobada de dicho deber, de acuerdo con una ley aprobada por dos tercios del total de los diputados, puede producir la pérdida de la credencial del diputado".
El procurador Víquez dijo que es mejor quitar la última frase del proyecto original, porque la pérdida de credenciales de un diputado solo puede ordenarse en la Constitución Política, de manera que en una ley específica sobre el tema solo podrían establecerse otras sanciones que no impliquen retiro de credenciales.
Esta reforma la estudia una comisión especial compuesta por los diputados Ottón Solís y Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Otto Guevara, del Libertario; Rafael Ortiz y Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Sandra Piszk y Ronny Monge, de Liberación Nacional (PLN); y Gerardo Vargas Varela y Patricia Mora (del Frente Amplio).
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Ellos acordaron incorporar observaciones, principalmente del procurador Víquez, antes de pasar un texto final para su discusión en el plenario legislativo.
De aprobarse el proyecto, que se discute bajo el expediente 19.117, los diputados pondrían fin a un incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional que arrastran desde junio del 2013, cuando se venció el plazo para incorporar los cambios a la Constitución Política.
Los magistrados constitucionales exigieron al Congreso crear un marco legal para sancionar diputados, al determinar que no hay un marco legal en el país para procesar sus actos contra la ética.
El plenario aprobó el pasado 19 de abril la creación de la comisión especial que tramita el plan original de Ottón Solís.
