Con una votación de 42 a favor y tres en contra, los diputados aprobaron anoche, en primer debate, el proyecto de ley que le quita ¢63.0000 millones anuales al Gobierno y se los traslada a las municipalidades.
Se trata del expediente legislativo 18.001, ley que le transfiere a los municipios la competencia exclusiva para la atención de la red vial cantonal.
La iniciativa reforma la entrega de los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles, que hoy les da a las municipalidades el 7,25% de ese tributo, y le añade 15 puntos porcentuales, para un 22,25% de lo recaudado.
La perjudicada con el cambio será la Caja Única del Estado pues la porción del impuesto destinada a financiar las obligaciones del Gobierno bajaría de un 66,4% a un 51,4%.
La iniciativa establece una entrega gradual de los recursos a los municipios: el primer año ¢21.000 millones y el segundo ¢42.000 millones, hasta llegar al tercer año a un monto de ¢63.000 millones.
Y a partir del cuarto periodo, el monto anual entregado a los ayuntamientos sería definitivamente de esos ¢63.000 millones aprobados.
También se establece que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no tendrá ninguna responsabilidad en la atención de las vías cantonales.
Diputados del Frente Amplio y del Movimiento Libertario criticaron que el plan le “muerda” recursos al Gobierno y que este lo permita, en tiempos de crisis fiscal y exigencia de impuestos.
Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), criticó los efectos de esa entrega de recursos pues consideró que para suplir ese faltante el Gobierno tendrá que endeudarse.
Además, Solís advirtió de un error generado en la Comisión de Redacción sobre el texto por votar pues ahí se eliminó un artículo y se añadió otro, lo que lo modificó totalmente.
Legisladores municipalistas como Juan Marín, de Liberación Nacional, y William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, celebraron la aprobación del plan.
Este proyecto nace de una reforma constitucional del 2001 que obliga al Estado a trasladar a los municipios al menos un 10% de los ingresos ordinarios del Presupuesto Nacional. A pesar de perder recursos, el Gobierno celebró el aval al plan.
