El Partido Acción Ciudadana (PAC) irá al banquillo de los acusados el próximo 4 de julio para enfrentar una denuncia en su contra por supuestamente estafar al Estado por ¢16,2 millones.
El juicio en el Tribunal Penal de San José iniciará 930 días después de que el Ministerio Público cuestionara, con base en un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el manejo financiero de esa agrupación en la campaña electoral del 2010.
El PAC enfrentará el proceso de manera solidaria, pues los imputados penales son Maynor Sterling Araya, quien fue tesorero del partido durante esos comicios, y Manuel Antonio Bolaños Murillo, quien era y sigue como colaborador rojiamarillo.
A ellos también se les atribuye el presunto delito de uso de documentos falsos.
Por esos dos delitos, Sterling y Bolaños podrían enfrentar una pena de prisión de hasta 16 años, según el Código Penal.
El debate oral y público se estima que se prolongará durante cuatro meses, hasta principios de noviembre. Los fiscales Alexander Valverde y Greysa Barrientos presentarán 23 testigos y aportarán 17 expedientes con prueba documental, aparte de lo contenido en la investigación.
Contratos fantasmas. Al parecer, durante la contienda electoral del 2010 el PAC habría cobrado al TSE ¢16,2 millones en facturas por servicios especiales prestados de forma gratuita, o que del todo no se realizaron.
En un informe de 68 páginas, en setiembre del 2012, el órgano electoral además denunció la supuesta existencia de firmas falsas en algunos de esos contratos.
Nueve altos funcionarios públicos figuran entre las personas que firmaron esos polémicos acuerdos que estuvieron en la mira de la Fiscalía y el TSE.
Seis de ellos forman parte del actual gobierno, dos son diputadas y otro era regidor hasta el 30 de abril anterior. En esa lista aparecen por ejemplo, la presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sara Salazar, y el embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan Carlos Mendoza.
Por estos polémicos acuerdos el PAC tuvo que pagar ¢465 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, por cargas sociales que presuntamente no pagó.
Indemnización. Como partido, el PAC se expone al cobro de al menos ¢516 millones por parte de la Procuraduría General, la cual reclama esa suma por daño económico. El monto equivale a lo que el TSE le canceló a la agrupación por concepto de los contratos por servicios especiales “aparentemente ficticios”.
El abogado del Estado también demandará un pago por daño social; sin embargo, aún no se define a cuánto ascenderá.
La presidenta del PAC, Margarita Bolaños, considera que saldrán bien librados del proceso y rechaza que se haya cometido alguna ilegalidad en esa campaña.
“Estamos preparados para que inicie (el juicio) y terminar con esto, la verdad es que han sido muchos años en esto, estamos deseosos de salir de esta situación. Vamos con las mejores expectativas, vamos seguros de que nosotros actuamos correctamente y que el trabajo que se hizo es para fortalecer a la democracia en este país y que hemos sido lo más rigurosos que se puede en el uso eficiente de los recursos públicos”, expresó Bolaños.
La dirigente rojiamarilla es la única vocera autorizada por el partido para hablar sobre el proceso judicial venidero. Sterling y Bolaños no emitirán un criterio hasta que el Tribunal de Juicio emita una resolución.
La defensa del PAC y de Antonio Bolaños estará a cargo del abogado del partido, Ronny Guevara, mientras que Sterling buscó su propio defensor.
El director de Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, dijo que una sentencia condenatorio vendría a confirmar que el sistema de control de financiamiento partidario opera bien.
