El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, anunció esta tarde que 107 países ya firmaron el Tratado sobre Comercio de Armas, tras su aprobación en abril pasado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Castillo hizo el anuncio en conferencia de prensa esta tarde, en la sede central de la ONU, en Nueva York, en compañía de la canciller australiana, Julie Bishop, y los ministros de Relaciones Exteriores de Finlandia y el Reino Unido.
A pesar de que más de un centenar de países han firmado el documento, solamente seis naciones lo han ratificado, entre ellas Costa Rica, Guyana, Antigua y Barbuda, Islandia y Nigeria.
Para la entrada en vigor del instrumento, se requiere la ratificación del tratado en los congresos de 50 países.
En la conferencia, el canciller enfatizó que nuestro país no esperará la entrada en vigor para aplicar el acuerdo. “El hecho de que 107 países ya hayan firmado el Tratado sobre Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés), nos hace prever que pronto se llegará al número requerido”, afirmó Castillo.
El tratado regula en la comunidad internacional el comercio de armas convencionales y establece reglas comunes para exportación e importación, con criterios más fuertes y vinculantes.
El objetivo principal es evitar el intercambio a niveles industriales de armas comunes que se emplean en conflictos armados por todo el orbe.
Costa Rica fue el quinto país en ratificar el ATT y el primero de los coautores en hacerlo.
Los únicos países que se negaron abiertamente a la aprobación del instrumento fueron Siria, Corea del Norte e Irán.
Esta tarde, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, participa en un foro sobre el tratado para la regulación del comercio de armas convencionales, que se desarrolla en la sede central de la ONU.
La mandataria depositó, precisamente esta mañana, el instrumento de ratificación de ese tratado ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, tras su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La canciller australiana, Julie Bishop, destacó la ausencia forzada del presidente de Kenia, país coautor del tratado, obligado a atender el acto terrorista sucedido en un centro comercial en la capital de ese país.
