El Gobierno paga 97 tipos distintos de pluses salariales a los funcionarios públicos.
Los incentivos van desde un pago extra por sembrar y cuidar una huerta escolar hasta otro por realizar labores de supervisión de litografía. También hay sobresueldos por trabajar en un liceo laboratorio o por haber tenido variaciones de horarios en el Poder Judicial y el Ministerio de Hacienda.
Estos son algunos de los beneficios económicos que reciben, cada año, los empleados de los ministerios, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR) y la Defensoría de los Habitantes.
Solo en pluses, el Gobierno prevé destinar más de ¢900.000 millones en el Presupuesto Nacional del próximo año.
La cifra representa un 37% de la partida de remuneraciones (que supera los ¢2,4 billones) y es el mismo monto que se gastará en salarios básicos.
Dicho monto representa un 15% de aumento respecto a la suma asignada para este año, lo cual duplica el porcentaje de incremento de las partidas para pagar anualidades (7%) y sueldos base (6,8%).
De esos 94 beneficios económicos, el más cuantioso es el que se le paga al personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) “para el desarrollo de la docencia”, que demandará ¢73.000 millones.
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Una suma similar se presupuestó para la retribución que se les gira a los funcionarios por contar con una carrera profesional, la cual pagan todas las instituciones, menos la Contraloría, que solo desembolsa un incentivo, pues adoptó el salario único.
Otros de los pluses más caros también son exclusivos del MEP: Esa cartera pagará ¢27.000 millones adicionales a los docentes que imparten lecciones de una hora (la clase es de 40 minutos).
Unos ¢25.000 millones se girarán a docentes de escuelas con jornada laboral ampliada.
Según el exdirector del Servicio Civil, José Joaquín Arguedas, la ebullición de pluses se generó en la década de los 80, cuando la Autoridad Presupuestaria como política de austeridad no permitía elevar los salarios básicos.
“Muchas veces se les dijo a los sindicatos que la base salarial no se tocaba, que inventaran cualquier otra cosa y eso resultó en extremo caro”, explicó Arguedas.
Por institución. El MEP es la institución que más incentivos paga; en total sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos. Principalmente, se trata de pagos extra por recargo de funciones, por impartir clases en zonas de menor desarrollo, o bien, por horarios de trabajo más extensos.
En promedio, un funcionario de ese ministerio recibe ¢277.000 adicionales a su salario cada mes. La cifra casi triplica la suma pagada en la cartera de Seguridad Pública que ronda los ¢100.000 o la de Hacienda que es de ¢94.000.
Empero, los funcionarios que reciben, en promedio, más dinero extra gracias a los incentivos son los del Poder Judicial: ¢387.000 cada mes. Mientras, las carteras de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Relaciones Exteriores y Comercio Exterior son las que menos pagan por incentivos. En promedio, cada uno de sus funcionarios recibe menos de ¢50.000 al mes.
El segundo beneficio más oneroso es el salario escolar, el cual consume ¢127.000 millones del plan de gastos de ¢8 billones.
Los profesionales también reciben una compensación porque no pueden ejercer su profesión de manera libre mientras trabajen para el Estado. Los pagos por dedicación exclusiva y prohibición ascienden a ¢125.000 millones.
