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Los taxistas exigen una respuesta de la Sala IV sobre la operación de Uber en ocho días. (Alonso Tenorio )
En abril del 2016 el diputado del PAC, Franklin Corella, anunciaba la presentación de un plan de ley para regular la actividad de la transnacional UBER, y otros servicios de "movilidad colaborativa" que se prestén a través de plataformas de internet. Un año y un mes después, el proyecto sigue estacionado, a la espera de voluntad política.
Pese a que Corella presentó la iniciativa de ley en medio de la efervecencia por la irrupción de UBER en el país, los diputados ni el Poder Ejecutivo han promovido la regulación de esta actividad, lo que le ha costado al Gobierno enfrentamiento con el gremio de taxistas, al tiempo de que la actividad de la empresa sigue en aumento.
"Respetuosamente, creo que el Gobierno se equivoca en la forma de atender el tema, no es con la indiferencia o con obviar, y hacer que no está sucediendo nada en el país, cuando hay una incertidumbre jurídica e incluso en su momento se dio conforntación social. Lo sensato es ir hacia la regulación y el diálogo", dijo Corella.
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El legislador insistió en que no se puede obviar el hecho de que la operación de UBER y la llegada de nuevas plataformas del llamado modelo de "movilidad colaborativa" que fomenta el transporte a través de contactos acordados en la web, imponen la necesidad de ordenar esta modalidad de servicio.
"O se bloquea la plataforma, que me parecía la decisión incorrecta, lo que procede es la regulación, y el Gobierno debiera de abonar a esa discusión", enfatizó Corella.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, aceptó que no ha habido mayor esfuerzo del Gobierno por empujar una regulación, pues dijo que los esfuerzos de Casa Presidencial se enfocan en otras prioridades del transporte público, como el plan de sectorización de rutas y la regulación de tarifas.
El proyecto ni siquiera fue convocado en sesiones ordinarias, cuando el Poder Ejecutivo tiene el dominio de la agenda de expedientes en discusión en el Congreso.
La propuesta de Corella pretende, no solo regular UBER, sino el hacer que esta plataforma de servicio de contacto entre choferes informales y clientes tribute.
El texto plantea un impuesto del 5% sobre todos los viajes realizados a través de plataformas tecnológicas y la creación de una oficina de movilidad colaborativa en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
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Además, propone la creación de una oficina de Movilidad Colaborativa, que le siga la pista a las empresas que se dedican a este tipo de negocio, y que se garantice la seguridad de los usuarios.
La polémica por la operación de UBER ha llegado ya tanto a la Sala IV como a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Los magistrados de la Sala reactivaron, en febrero de este año, la aplicación de multas a vehículos que brinden servicios sin estar debidamente inscritos frente al Estado.
Por su parte, la Aresep ha accedido a revisar de nuevo la situación de UBER en el país. Esto luego de una larga jornada de protestas y reuniones el 10 de mayo.
De hecho, los taxistas consiguieron en esa ocasión que la Aresep se comprometiera a dar una respuesta sobre si es viable o no el cierre de la aplicación o algún tipo de regulación con el marco legal vigente. Esta respuesta la esperan para el próximo 10 de junio.
