Durante el 2014, los empleados del Estado se incapacitaron cinco veces más que los trabajadores de las empresas privadas, según datos de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades, aportados por el diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
De esa información, se desprende que 275.000 funcionarios públicos acumularon 1.467.990 días incapacitados; es decir, cada uno de ellos se fue a su casa, aquejado por algún mal, cinco días, en promedio.
En tanto, 1.776.000 trabajadores privados significaron para la seguridad social un total de 1.844.000 días de incapacidad, lo que significa poco más de un día por empleado.
Por una parte, los funcionarios estatales le cobraron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢28.277 millones por los días que estuvieron inhabilitados, mientras los privados cobraron ¢15.200 millones por el beneficio respectivo.
Para Redondo, se trata de un hecho inconcebible que los empleados estatales “abusen” de las incapacidades pues la ley los faculta para cobrarle a la Caja el 60% de su salario, mientras la institución pública para la que trabajan puede cubrir el 40% restante.
“Hay que detener el abuso; los controles no están siendo los apropiados y hay muchos funcionarios que se están incapacitando por cualquier cosa”, aseguró el legislador.
Según el congresista, los burócratas tienen una mayor facilidad para conseguir el beneficio de la incapacidad, “incluso por estrés”. “Hemos dirigido una nota al presidente Luis Guillermo Solís para que se corte ese tipo de abusos irracionales e injustos”, dijo Redondo este martes en el plenario.
El diputado Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC), salió al paso de la denuncia de Redondo y aseguró que las condiciones de trabajo en el sector público son peores que en el privado y adujo que por eso es más frecuente enfermarse.
“Cuando un médico aprueba una incapacidad, es porque se ha hecho una valoración médica. Además, el diagnóstico por estrés no existe”, reclamó Atencio, quien es médico de profesión.
Reducción. Rodrigo Bartels, coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la CCSS, aseguró que, pese a los números, el Estado pagó menos en el 2014 por ese beneficio a los empleados del sector público que durante el 2013.
De hecho, Bartels afirmó que el monto se redujo en ¢3.000 millones entre un año y otro. Añadió que se están implementando acciones para seguir reduciendo ese costo para la CCSS.
Según el coordinador, los funcionarios estatales se incapacitan más porque pueden cobrar su salario completo, incluso sin pagar por cargas sociales, deudas, ni impuestos.
“Hay un estímulo perverso en el sector público para incapacitarse. Nosotros lo hemos venido denunciando, pero es un tema sensible desde el punto de vista de los derechos adquiridos”, aseguró Bartels. Añadió que entre el 2010 y el 2014, los días de incapacidad cobrados a la CCSS se han reducido en 2,5 millones.
