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El plenario legislativo aprobó este miércoles la creación de una comisión especial para investigar supuestas irregularidades en créditos millonarios otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular.
La votación unánime, de 40 diputados presentes a eso de las 4:55 p. m., se efectuó luego de dos días de discusiones sobre la conformación del foro, el cual será integrado por tres diputados de Liberación Nacional (PLN), dos de Acción Ciudadana, uno del Frente Amplio, uno de la Unidad Social Cristiana, uno del Movimiento Libertario y uno de los minoritarios.
La investigación abarcará créditos del BCR por millones de dólares, además de préstamos gestionados por el Banco Popular y otras entidades. Según la moción aprobada, se revisarán las actuaciones de las juntas directivas, de sus cuerpos gerenciales y de cualquier otra persona que participara en la tramitación de los créditos, así como la eventual influencia política de autoridades de gobierno, para favorecer a ciertos actores con créditos.
Uno de los créditos que se investigarán lo otorgó el BCR. Se trata de $20 millones a la firma Sinocem, presidida por el empresario Juan Carlos Bolaños, para la importación de cemento chino.
Otro crédito, por $32,7 millones, se lo concedió también el Banco de Costa Rica a Coopelesca para que comprara una hidroeléctrica a la cementera Holcim, de la cual era fiscal el directivo del BCR, Alberto Raven.
Los diputados del PLN, encabezados por su jefa de fracción, Karla Prendas, pidieron que se investigue el crédito para la importación de cemento chino.
Sin embargo, el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, se opuso a que solamente se revisara ese crédito, y exigió que, de aprobarse el foro investigativo, se aborden créditos en los cuales figura el directivo del BCR, Alberto Raven, y que están bajo investigación en el Ministerio Público.
Si bien los casos se encuentran en discusión en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, el diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, advirtió de que ese foro se encuentra saturado, y que los temas deben verse con prioridad.
Los casos en breve.
En el caso del cemento chino, diputados del PLN, PAC y Frente Amplio cuestionan la supuesta influencia política, dentro y fuera del Congreso, para promover la operación crediticia, así como un audio en el que presuntamente el gerente del BCR, Guillermo Quesada, habla de la supuesta violación del secreto bancario con el empresario Juan Carlos Bolaños.
La denuncia la hizo en el seno de la junta directiva de BCR, el director Alberto Raven.
Bolaños también habría contado con apoyo de los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, Johnny Leiva y Gerardo Vargas y el libertario Otto Guevara, con el fin de que se permitiera la importación de cemento chino, que enfrentaba trabas reglamentarias para ingresar al país.
Al respecto, el empresario dijo a La Nación que él se limitó a promover reuniones en las que pudiera explicar las trabas que enfrentaba.
Esta misma tarde, Bolaños envió una nota a los 57 diputados en la que insiste que el crédito que tiene con el BCR no es fruto de tráfico de influencias y señaló que ya la Comisión de Control de Ingreso y Gasto había investigado el caso en octubre pasado.
Tanto Redondo como Ottón Solís, del PAC, y Patricia Mora, del Frente Amplio, afirman que se debe esclarecer si Bolaños contó o no con apoyo político para acceder a los créditos.
En la otra acera, los diputados analizan llevar a la comisión especial el caso de los préstamos en los que se cuestiona a Raven.
Actualmente el Ministerio Público investiga el crédito por $32,7 millones dado a Coopelesca en el 2014, para comprar una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim Costa Rica, otorgado justo cuando Raven fungía como directivo del BCR y fiscal en Holcim.
Por este crédito pesa una denuncia por tráfico de influencias en contra del directivo del Banco, Alberto Raven, la exdirectora Marta Arrea, el exgerente Mario Rivera y el subgerente Guillermo Quesada.
La transacción de la venta de la planta hidroeléctrica se hizo desde el bufete Zurcher, Odio y Raven, del cualRaven es socio fundador.
En entrevista con La Nación, Raven dijo que él fue quien pidió a la Auditoría General del BCR que se investigara el crédito a Coopelesca.
"A los directores (del Banco) no nos corresponde aprobar créditos", dijo.
La denuncia penal se presentó el 26 de mayo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, bajo el expediente 17-48-1218-PE.
Un debate caldeado
Antes de acordar la investigación, los diputados emprendieron un fuerte debate sobre la necesidad de crear la Comisión.
La tarde del martes, el diputado Rolando González del PLN, cuestionó el interés de Mario Redondo por conformar la comisión especial.
González afirmó que Redondo estaba ayuno de protagonismo político, por lo que intentaba mpulsar la creación de la Comisión, pese a que el trabajo de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto ha sido, en sus palabras mejor, que cuando Redondo presidió ese foro.
El verdiblanco cuestionó que Redondo, siendo presidente de la Comisión "no se preocupó que se vieran estos temas, si eran tan delicados, tan críticos, tan urgentes", dijo.
Redondo por su parte, afirmó que se debe abrir el espacio de investigación sin que un caso permita tapar otr.
"Tenemos que se parejos, si hay cuestionamientos en dos grupos de presión política con gran influencia, yo no me apunto ni con una ni con otro, me apunto a que se investiguen ambas situaciones y se esclarezca lo que se tenga que esclarecer", dijo el cartaginés.
En tanto, el diputado del PAC, Ottón Solís, afirmó que "hay mucho muy cuestionable que debe dilucidarse. Debe quedar claro si Raven ha incurrido en conflicto de interés y si hay políticos, asesores de políticos y banqueros en el bolsillo de Juan Carlos Bolaños".
Otto Guevara por su parte, dijo que apoyó la moción porque le interesa ver "si todavía se otorgan créditos por influencia políticos o de directivos. Quisiera explorar si los directivos tienen relaciones con clientes que son aspirantes a tener un crédito en el Banco, la relación de los bufetes en los cuales ellos (los directivos) laboran, y la relación con los clientes y si se tuercen voluntades a lo interno del Comité de Crédito y de los mandos medios en el banco en favor de algún deudor en particular", afirmó Guevara.
El socialcristiano Luis Vásquez, quien al igual que Guevara se ha pronunciado abiertamente a favor de la entrada del cemento chino para "romper el duopolio" de las firmas Holcim y Cemex afirmó que el pleno de la bancada del PUSC apoyó la moción haciendo caso del mandato constitucional de cotrol político.
"Algunos créditos otorgados por bancos estatales están siendo, al parecer, investigados por la Fiscalía y han llamado la atención de los medios y la ciudadanía por posibles procedimientos irregulares y tráfico de influencias de directivos de los bancosy de la clase política en general", afirmó Vásquez.
Finalmente la jefa de fracción del PLN, Karla Prendas, afirmó la tarde del martes que "la señal política es investigar", y que durante esta semana analizarán los nombres de los tres diputados verdiblancos que irán a la Comisión, la cual debe quedar conformada en los próximos cuatro días hábiles tras la votación de este miércoles.
