San José
El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) a la presidencia del Directorio de la Asamblea Legislativa, Juan Luis Jiménez Succar, escrituró en 1990 una cuestionada donación de un terreno por parte de la Municipalidad de San José a la Fundación Andrea Jiménez.
El acto ocurrió cuando Jiménez era el jefe de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San José.
El tema revive a pocas horas de la elección de este 1.° de mayo, a raíz del trámite de un proyecto de ley que "blindaría" la donación de la propiedad, la cual fue considerada viciada por la Contraloría General.
Este viernes, Jiménez Succar dijo que hasta ayer desconocía la existencia de ese proyecto, firmado por su compañero de bancada, Ronny Monge.
En su exposición de motivos, el plan de ley indica que su intención es dejar en firme la donación del lote, ubicado en el Residencial La Cabaña, en San Francisco de Dos Ríos. Explica que la donación no fue hecha con base en una ley aprobada por el Parlamento, sino con fundamento en normas atípicas que podrían ser cuestionadas.
Pero en el trámite de esta donación, de hace 26 años, al parecer hubo otras irregularidades y, según la Contraloría General de la República (CGR), estas ocurrieron en el protocolo del abogado y notario Juan Luis Jiménez Succar.
Según el dictamen N°1391 que emitió la CGR el 23 de enero de 1991, Jiménez Succar inscribió la donación de un lote que no le pertenecía a la Municipalidad de San José, sino al desarrollador del residencial en el que está ubicado. Y, al percatarse de que no era propiedad municipal, modificó la escritura para regitrar otro terreno que tampoco era del ayuntamiento, sino del urbanizador, con base en ciertas leyes y acuerdos municipales.
No obstante, aun ese segundo acto fue declarado nulo por la CGR, por cuanto "no era propiedad de la municipalidad y precisamente, por esa imperfección e inexistencia de norma habilitante, no podía donarse el bien que resultó donado".
Para la Contraloría, él actuó de forma ilegal, infringiendo el Código Municipal, la Ley de Administración Pública y el Reglamento de la Contratación Administrativa, pues se donó un bien para el cual no existía autorización legal.
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"Esa actuación notarial introdujo al contrato de donación un vicio calificable con el grado de nulidad absoluta (...). Ese ente local (la municipalidad) debe proceder a realizar los trámites necesarios para anular el documento contractual citado y recuperar el inmueble que indebidamente se donó (...)", ordenó la Contraloría en 1991, aunque su directriz nunca fue ejecutada por la Municipalidad de San José.
En el lote que el municipio donó ilegalmente a la Fundación Andrea Jiménez, que atiende a personas con discapacidad, se ubicaban las zonas verdes para el disfrute de los vecinos de La Cabaña.
Al quitarles esa propiedad, la Municipalidad no los compensó con otros terrenos, tal y como debía hacerlo.
Con base en ese criterio de la Contraloría, el Consejo Municipal tomó el acuerdo de autorizar al ejecutivo municipal de entonces a realizar los trámites necesarios para recuperar el lote, acuerdo que, a la fecha, no se ha ejecutado.
Pese al criterio del órgano contralor, Jiménez Succar rechazó las conclusiones que allí se exponen y dijo que no está al tanto de si la intención del plan de ley que se tramita en el Congreso es remediar las irregularidades en su actuación como notario.
Ana Lucía Amador y Orlando Carrillo, secretaria y fiscal de la junta de vecinos del Residencial La Cabaña, afirmaron que la modificación que introdujo Jiménez Succar en su protocolo para que el Registro Público validara la inscripción del lote donado, "mancha la honorabilidad" del diputado que aspira a presidir la Asamblea Legislativa a partir de este domingo, juicio que rechazó el congresista del PLN.
"Lo rechazo totalmente. Me enfrentaré con quién quiera en los tribunales y en cualquier estrado para demostrar que eso no es cierto", afirmó en conversación telefónica con La Nación, mientras, dijo, contaba los votos que tendría en la elección del Directorio, este domingo, a partir de las 9 a. m.
El abogado y exmagistrado Eduardo Sancho, quien apoya las gestiones de los vecinos de La Cabaña, afirmó que la aclaración que hizo Jiménez Succar en su protocolo para darle sustento a la donación del lote, que no era de propiedad de la Municipalidad, constituye una alteración de documento público.
"Eso podría, eventualmente, hasta constituir un delito, pero ya ha pasado tanto tiempo que no sé si eso haría mérito para poner una denuncia, pero obviamente lo que nosotros vimos en el juicio donde estamos peleando el asunto, es que lo que se hizo fue una falsedad en la escritura que tenía que ir al Registro para ir a inscribirla (la propiedad)", consideró el jurista.
Los vecinos de La Cabaña tramitaron en el 2012 una denuncia contenciosa administrativa contra la Municipalidad de San José, con la intención de recuperar el lote. Empero, los Tribunales fallaron en contra de los vecinos, quienes decidieron llevar el caso a casación en la Sala I, donde aún no hay un fallo.