EscucharLa Cancillería abrió una investigación contra el embajador de Costa Rica en Venezuela, Federico Picado Gómez, luego de que en una entrevista con este medio, planteara posiciones sin consultar al canciller Manuel González.
En el comunicado, la Cancillería reafirma que la posición de Costa Rica frente a la situación política y económica de Venezuela es "firme y prudente".
Sin embargo, en sus respuestas publicadas ayer domingo, Picado defendió al gobierno de Nicolás Maduro y criticó la posición del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien emitió un decreto de emergencia por considerar que las políticas de Venezuela atentan contra sus intereses.
Esta mañana, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, cuestionó las declaraciones de Picado.
"No se trata de que el señor embajador este siendo desautorizado por el presidente, simplemente las opiniones que ha vertido no las ha hecho reflejando la posición oficial del Gobierno", afirmó el presidente.
Las posiciones de Picado, que reflejan un gobierno de Maduro sin problemas para los medios de comunicación y con una economía golpeada por intereses económicos que generan desabastecimiento de productos básicos, son ahora declaraciones bajo investigación "con el fin de valorar la normativa aplicable en aras de adoptar las medidas correspondientes".
En el ámbito político, las posiciones de Picado han generado un revuelo entre diputados y miembros de la comunidad diplomática.
La diputada del opositor Partido Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk envió una nota al canciller González en la que le recuerda que el artículo 11 del reglamento del Estatuto de Servicio Exterior prohíbe a los embajadores, en su inciso 21, "emitir juicios en calidad personal a través de medio de comunicación sobre temas relacionados con su trabajo, o sobre política internacional o asuntos internos del Estado receptor, que puedan comprometer a su país, sin la autorización expresa de su superior jerárquico".
El tema queda ahora en manos de la Dirección General de Servicio Exterior, para que determine si Picado incumplió o no con la normativa vigente.
