Los bancos públicos pidieron a la Sala IV anular la norma que les exige girar entre un 5% y un 15% de sus ganancias anuales a la CCSS, al argumentar que dicha carga los pone en desventaja frente a la competencia privada.
Las entidades financieras presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 78 de la Ley de protección al trabajador , promulgada en el 2000.
Según esa normativa, las empresas públicas deben dar parte de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a fin de fortalecer la cobertura de los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza.
Sin embargo, en enero pasado, los bancos Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Bancrédito alegaron que dicha obligación afecta su capacidad para prestar dinero y los pone en desigualdad frente a las entidades financieras privadas.
La acción todavía está en la etapa de estudio de admisibilidad por parte de la Sala IV.
La CCSS, por su parte, estima en 65.000 personas la población no asalariada que se vería beneficiada con estas contribuciones y espera recibir el pago de todas las empresas públicas para tener certeza de cuánto puede invertir.
Así lo dijo en una respuesta enviada a este medio.
Empezó el cobro. Si bien la ley estableció que el aporte es hasta de un 15%, aclaró que el Poder Ejecutivo debía establecer el porcentaje con base en estudios actuariales de la CCSS sobre los costos del IVM.
El Ejecutivo no lo hizo sino hasta el 2012, por lo que la Caja empezó a cobrar los aportes este año con base en las utilidades del pasado.
El gobierno de Laura Chinchilla definió que las empresas públicas aportarían un 5% de las utilidades a partir del 2013; un 7% después del 2015 y un 15% al llegar el 2017.
En el caso del BCR y el BN, estos pagaron ¢2.425 millones por las ganancias del año anterior, pero la CCSS les cobró ¢3.525 millones.
La diferencia obedece a que la banca pública calculó el giro con base en las utilidades netas (después de rebajado el impuesto de renta del 30%), mientras que la Caja hizo sus estimaciones con base en las ganancias brutas.
Los bancos apelaron la posición de la CCSS, mientras que esta última advirtió que acudirá a cobro judicial, si es necesario.
Dichos aportes también deben ser efectuados por otras empresas públicas como Correos de Costa Rica, Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Instituto Nacional de Seguros (INS) e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Esta última entidad, por ejemplo, tampoco pagó.
En mayo pasado, el Tribunal Contencioso-Administrativo condenó al Estado a indemnizar a la Caja por el dinero que no recibió entre los años 2008 y 2012, antes de que el Ejecutivo fijara los porcentajes. El Seguro Social tiene una estimación del monto que se le adeuda.
Alegan exceso. Los bancos argumentan que ya soportan una carga del 23% sobre sus utilidades netas y que el porcentaje llegaría a un 33%, cuando la contribución para la Caja llegue a su tope máximo.
Estas entidades ya hacen aportes al Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y a la Comisión de Emergencias, además de la CCSS.
Eduardo Ramírez, director jurídico del BCR, sostuvo que no existe un ánimo de no colaborar con el IVM, sino que les preocupa que estas cargas afecten el adecuado cumplimiento de la función social de los bancos del Estado: la captación de ahorros y el crédito.
Argumentó que, para salvaguardar el dinero de los ahorrantes, de cada ¢1.000 que se presten, al menos ¢100 deben provenir de las ganancias propias.
“Obviamente, no tenemos nada contra la Caja. Ayudamos en lo que podemos. Sin embargo, lo del IVM fue una cuestión que ya volvió las cargas inmanejables para los bancos”, declaró Ramírez.
“Por cada ¢1.000 millones menos de utilidades, se disminuye la capacidad de prestar créditos en ¢10.000 millones”, añadió el abogado del BCR.
Al respecto, Édgar Cordero, asesor legal de la Junta Directiva del BN, agregó: “Ciertamente la Caja realiza un fin público, pero nosotros también realizamos un fin público, que es el sistema financiero, la salud del sistema financiero. No es válido que el legislador enfatice un fin público, la Caja, en detrimento de otro fin público que realizamos los bancos públicos”.
Por su parte, Marietta Herrera, directora jurídica del Nacional, opinó que es un contrasentido imponer este tipo de obligaciones a los bancos, en momentos en que el Gobierno quiere enfatizar el crédito para el desarrollo.
Las tres entidades bancarias públicas también presentaron un juicio contencioso-administrativo contra el decreto que fijó los porcentajes de pago. En ese caso, argumentan que no se fundamenta en estudios actuariales.