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Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa acusa mal uso de pauta oficial en Costa Rica

Actualizado el 17 de octubre de 2016 a las 05:01 pm

Organización concluye que Costa Rica forma parte de países donde publicidad estatal se usa para premiar o castigar a medios

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Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa acusa mal uso de pauta oficial en Costa Rica

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El gerente general del Banco Nacional, Juan Carlos Corrales, aseguró -bajo juramento, en el Congreso- que esa entidad cortó publicidad a La Nación . Con él, la asesora legal, Marieta Herrera. | GRACIELA SOLÍS.

San José

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) incluyó dentro de las conclusiones de su 72.ª Asamblea General que en Costa Rica se le da un mal uso a la pauta oficial del sector público. 

Los socios de esa organización, que se reunieron en Ciudad de México entre el 13 y el 17 de octubre, concluyeron que Costa Rica forma parte de países donde la publicidad estatal se usa para premiar o castigar a los medios de comunicación, según su comportamiento informativo hacia el Gobierno.

"(...) En muchos otros (países) como Costa Rica, Nicaragua, México y Bolivia, la publicidad oficial o estatal se utiliza para premiar o castigar a los medios según las informaciones que divulguen", se lee en un párrafo de un informe en el que la SIP recalca que en el continente se observa un aumento en la interferencia con el trabajo periodístico.

Es la segunda vez que la SIP, organización que defiende libertad de expresión y de prensa en el continente, condena la utilización de la publicidad estatal para perjudicar o favorecer a los medios de comunicación en Costa Rica.

LEA: SIP condena ofensiva del Banco Nacional: 'Uso antojadizo de publicidad también es corrupción'

Ya lo había hecho el 12 de julio pasado, cuando La Nación reveló que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) desató una ofensiva para silenciarla, en castigo por haber divulgado información de interés público que la entidad consideró que la ponía en "riesgo reputacional".

Esa ofensiva incluyó la cancelación de pautas publicitarias, posibles demandas penales, presuntas exigencias de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de investigación por fugas de información, entre otras acciones.

LEA: Banco Nacional desató ofensiva para silenciar a la prensa

Después de que el banco envió varios derechos de respuesta, este diario vio como la pauta publicitaria del BNCR en sus páginas cayó abruptamente hasta llegar a cero en junio pasado.

Más tarde, en una entrevista con este medio, el gerente general del banco, Juan Carlos Corrales, admitió que dio la venia para que la institución procediera a dejar de pautar en el diario, como represalia por las noticias críticas que se publicaron. 

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LEA: Gerente del Banco Nacional: 'Hay que rectificar los errores'

Con base en jurisprudencia internacional, como el artículo 13 de la Declaratoria de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este diario alertó que la decisión de usar recursos públicos para acallar a la prensa viola la libertad de expresión de quien emite el mensaje y también el derecho del público a recibir información.

La denuncia de La Nación provocó que los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa abrieran una investigación sobre el hecho que consideraron como "grave".

Mal panorama. Entre las conclusiones sobre el estado de la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica durante el último año, la SIP hizo mención sobre otros casos en los que esas garantías fueron violentadas.

Entre estos, el informe mencionó un voto de la Sala Constitucional que respaldo la decisión del Banco de Costa Rica (BCR) de ponerle una clave a un archivo electrónico que contenía datos solicitados por el semanario El Financiero, del Grupo Nación, con lo cual la información quedó inaccesible.

LEA: Sala Constitucional limita libre acceso a base de datos públicos

En el detalle también se enumera otra denuncia de Diario Extra contra el BCR, por el uso de publicidad para castigar informaciones contrarias a sus intereses.

El compendio de casos también incluye la decisión de la Sala Constitucional de dejar sin efecto un castigo de suspensión por cinco días sin goce de salario, contra el jefe de talleres del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), por dar declaraciones a la prensa en las que se quejaba sobre las deficiencias en el mantenimiento de los trenes.

También se enumera el caso de un embargo preventivo contra radio Columbia Estéreo por un caso de cobro de derechos de propiedad intelectual, decisión judicial que la SIP calificó como un precedente negativo para el país.

Asimismo, se incluye como una posible violación al derecho a la información la reserva que el Poder Ejecutivo decretó sobre 12 memorandos diplomáticos, que contienen información sobre la crisis política en Brasil y cómo la observó el embajador costarricense en ese país, Jairo Valverde.

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Al revelarse la estrategia de castigar las informaciones críticas, el presidente Luis Guillermo Solís manifestó que salía de las potestades del Poder Ejecutivo frenar esas prácticas en entidades que gozan de autonomía, con el BNCR.

No obstante, anunció, junto con su ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, la presentación de un proyecto de ley para que la pauta oficial del sector público se utilice y se asigne con base en criterios técnicos y no políticos. Empero, no hay noticias sobre el avance del borrador de esa iniciativa.

LEA: Gobierno busca rectificar mal uso de publicidad con nueva ley

Este lunes, al ser consultado en una conferencia de prensa sobre el informe de la SIP, Solís dijo respetar las conclusiones que allí se mencionan.

"En la entrada del Ministerio de Comunicación, en Casa Presidencial, está la copia firmada de la declaración de Chapultepec, que firmé precisamente frente a representantes de la SIP, y la firmé para lo bueno y para lo malo. Uno asume por principio las posiciones de las organizaciones y respalda la libertad de expresión y la libertad de prensa en este hemisferio. Pocos países como el nuestro respetan esa libertad de expresión y de prensa en el mundo", justificó.

En cuanto al señalamiento directo sobre la violación a la libertad de prensa en que incurrió el BNCR, Solís se apresuró a afirmar que considera que ese hecho no se le puede atribuir a su Gobierno.

"Eso no es del Gobierno, no es una acusación contra el Gobierno de la República, aunque sea un banco público, pero tiene niveles de autonomía que le permiten a esas entidades actuar en esas materias y particularmente en temas de publicidad completamente al margen de las consideraciones de la Asamblea Legislativa, es más, ese banco pidió disculpas por esa acción", zanjó.

El ministro Herrera, en tanto, adelantó que el Gobierno está en disposición de mostrar a los miembros de la SIP los detalles de las acciones que ha tomado la administración para, según él, transparentar y agilizar el acceso a la información.

"Estamos dispuestos a compartir la información de lo que estamos haciendo en Costa Rica, para que tengan mayores elementos con los cuales hacer las afirmaciones acerca del país", insistió.

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Gerardo Ruiz Ramón

gerardo.ruiz@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en Política. Cursa un posgrado en Comunicación Política en la Flacso. Escribe sobre temas políticos, económicos y sociales. Cubre la Presidencia de la República.Periodista. Fuereportero del Grupo Exten temas políticos y económicos ...

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