San José
La Municipalidad de Santa Cruz exige a su primera vicealcaldesa, María Rosa López Gutiérrez, devolver ¢70.630.809 que ese gobierno local le pagó durante 52 meses por el incentivo de prohibición para que no ejerciera su profesión liberal y se dedicara, únicamente, al puesto de elección popular.
La vicealcaldesa recibió el pago de la prohibición desde el 7 de febrero del 2011 hasta el 16 de mayo del 2015, fecha en la que se suspendió el incentivo, debido a que la jerarca es educadora y la docencia no se toma como profesión liberal.
María Rosa López aspira a convertirse en la candidata del Partido Liberación Nacional (PLN) para buscar la alcaldía de Santa Cruz, en las elecciones del 7 de febrero del 2016.
La jerarca recibe un salario mensual —en el 2015— de ¢2.416.675, a este salario se debe sumar cada mes el 65% que corresponde a la prohibición para ejercer profesiones liberales, ese monto es de ¢1.570.838, por lo que el salario completo de la vicealcaldesa llegaba a ¢3.987.513.
Al cálculo se le deben restar los ajustes anuales por costo de vida y los que se autorizan en el concejo municipal cada año, lo que deja un monto total de pagos por prohibición de ¢70.630.809.
La directora de Recursos Humanos del ayuntamiento de Santa Cruz, Yensie Duarte, confirmó que el gobierno local dejó de pagar la prohibición a López el pasado 16 de mayo.
El alcalde de Santa Cruz, Jorge Chavarría, le notificó a la vicealcaldesa el pasado 22 de setiembre que le concedía un plazo de 15 días hábiles para que devolviera el millonario monto. Ese periodo vence este miércoles 14 de octubre.
María Rosa López dijo a La Nación, que no va a devolver el dinero porque quien le autorizó el pago de la prohibición fue el alcalde de Santa Cruz y ahora esperará que el proceso se eleve a un proceso judicial.
Detalles del proceso. El pasado 30 de abril, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Santa Cruz emitió un criterio en el cual se recomendaba al concejo municipal y al alcalde ordenar que se suspendiera el pago de la prohibición a López, debido a que ella es educadora pensionada y la docencia no se considera una profesión liberal.
El documento de la Auditoria explica que se deben "girar instrucciones al Departamento de Recursos Humanos para que suspenda el pago de prohibición a la Primera Vicealcaldesa, Sra. López Gutiérrez por cuanto su profesión no es liberal y no aplica la compensación salarial por prohibición que establece el artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito".
El criterio del auditor fue respaldado por la Asesoría Jurídica del municipio en un oficio en poder de La Nación, del 22 de julio del 2015.
"Así las cosas, debe el señor Alcalde, conforme lo reza el oficio DAM-0687 ordenar al Departamento de Recursos Humanos suspender también el pago correspondiente al rubro de prohibición y ordenar su reintegro", indica el oficio AJ-052-2015 de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santa Cruz.
La vicealcaldesa comentó que el aval para recibir el pago de la prohibición la firmó y la autorizó el alcalde, Jorge Chavarría, al inicio de la administración. "Yo no me autorizo salarios, lo hace el alcalde y después me demanda", agregó la vicealcaldesa.
El alcalde, Jorge Chavarría, dijo que "no es una cuestión mía, ni que yo tenga una cuestión personal contra ella, sino que yo, como funcionario público, tengo que hacer lo que la Ley dicta. (...) Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo mi deber de cobrar los dineros que son públicos".
Doble pago. El asesor jurídico de la Municipalidad de Santa Cruz, Marcos Gutiérrez, explicó que sobre la viceacladesa hay dos procesos abiertos desde el 2011. El primero para que devuelva el dinero que le corresponde a la prohibición; y el segundo porque la jerarca recibe, simultáneamente, pensión y salario municipal.
La Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica emitieron criterios legales en los que aseguran que María Rosa López debe elegir si se queda con la pensión o con el salario municipal, pero no puede recibir ambas remuneraciones cada mes.
Según el asesor jurídico del ayuntamiento, el artículo 20 del Código Municipal establece que en caso de que una persona jubilada sea electa como alcalde o vicealcalde, tiene dos opciones: renunciar a la pensión y recibir el 80% del salario que devenga el alcalde, o renunciar al salario y recibir su pensión cada mes, más un 50% extra que se calcula sobre el monto su pensión.
Ese último monto lo paga la municipalidad por gastos de representación y debe ser liquidado cada mes.
La vicealcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López, interpuso un recurso de amparo por este caso en el 2011.
Los magistrados resolvieron el recurso el 26 de agosto del 2011 y dejaron sin efecto dos oficios emitidos por la Auditoría Interna en los que, según la resolución de la Sala Constitucional, se le quería obligar a la vicealcaldesa a que eligiera la pensión y renunciara al salario.
Sin embargo, en el oficio del AJ-052-2015 del 22 de julio del 2015, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Santa Cruz, interpretó que una resolución posterior de la Sala Constitucional –emitida el 27 de marzo del 2012–, reafirma que una persona jubilada debe elegir entre la pensión o el salario, pero no puede recibir ambas remuneraciones.
Así las cosas, la Auditoría reitera en el oficio que, "conforme a lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública debe la Administración ordenar la normalización del pago de la Vicealcaldesa, ordenar los reintegros para resarcir la lesividad a la Hacienda Municipal por recibir de manera irregular salario y pensión al mismo tiempo desde la fecha que asumió el cargo".
En la otra acera, López aseguró que la Sala Constitucional le dio la razón y que le dio "permiso" de recibir su salario y su pensión.
La vicealcaldesa agregó que su pensión es de apenas ¢400.000 mensuales, porque se calculó hace 19 años y solo recibe los aumentos por costo de vida.
La Nación intentó verificar el monto de la pensión de López, pero en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) indicaron que es un dato privado protegido por la Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
La jerarca detalló que sus ingresos mensuales se obtienen al sumar los ¢400.000 de la pensión, más los ¢2.416.675 de su salario. Hasta el 16 de mayo, a esos montos se debía sumar el 65% del salario que estuvo devengando por prohibición, lo que significa que ganaba ¢4.387.513 al mes.
Para el asesor jurídico del municipio, Marcos Gutiérrez, la interpretación de la vicealcaldesa no es correcta ya que el artículo 20 del Código Municipal dice claramente, que no se puede recibir pensión y salario a la vez.
La resolución de la Sala Constitucional sobre el recurso de López indica que a ella no la pueden obligar a elegir la pensión y renunciar al salario, pero no dice que debe recibir ambos beneficios, precisó Gutiérrez.
La directora de Recursos Humanos de la Municipalidad, Yensie Duarte, explicó que ya pidieron a Jupema una certificación de la pensión que recibe López para calcular cuánto dinero debe devolver la jerarca, si se toma como base la pensión más el 50% que debe pagar el ayuntamiento, según la Ley.
Pugna política. Para la vicealcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López, la pugna legal para obligarla a devolver el dinero que recibió por la prohibición y para que escoja entre el salario o la pensión, es una contienda con tintes políticos y electorales.
De acuerdo con la jerarca, se trata de una persecución política que se inició desde que ella postuló su nombre para ser candidata liberacionista por Santa Cruz y aspirar a la alcaldía de ese cantón guanacasteco.
"Todo ha sido de mala fe con el propósito de dañar mi imagen. (...) He sido perseguida, acosada, agredida y maltratada solo por haberme atrevido a participar como candidata a la alcaldía municipal", aseveró López.
La asamblea cantonal del PLN para elegir al candidato para la alcaldía de Santa Cruz se realizará el próximo sábado 17 de octubre en el gimnasio del Liceo de Santa Cruz.
El alcalde, Jorge Chavarría, rechazó la acusación de López y dijo que en ningún momento se trata de persecución política.