El Gobierno llegó a un arreglo con la concesionaria de la vía a Caldera, para no afrontar la demanda que planteó la empresa en el 2012 por el costo real de la construcción.
Jorge Mora Gutiérrez, secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), explicó que el acuerdo consiste en una modificación del contrato, que reconoce el valor real de las inversiones hechas por la empresa constructora.
Esta conciliación debe recibir el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR). La solicitud al ente contralor ya fue enviada por el Consejo de Concesiones.
“Se llegó a aclarar los montos invertidos por el concesionario; esto es algo que se venía arrastrando desde la puesta en servicio. No se había logrado determinar el valor presente de los ingresos”, dijo el funcionario.
Según Mora, la concesionaria efectivamente invirtió en obras $258 millones a valores del año 2000, de los cuales a la fecha ha recuperado $104 millones, lo que representa un 40% del monto total.
No obstante, en el comunicado enviado ayer por Concesiones no aclara si el Estado reconoció estos costos adicionales.
Globalvia –antes Autopistas del Sol– demandó al Estado por $90 millones en el 2012, cuando pidió la actualización de los montos del contrato por las obras que hizo en la ruta de 76,7 kilómetros.
La firma española pidió en ese momento la apertura de un proceso en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (CICA).
El representante de Concesiones explicó que mediante la adenda se definen los mecanismos contractuales para terminar las obras que están pendientes en la sección dos de la carretera (Ciudad Colón-Orotina).
Algunas de esas obras son el intercambio de El Coyol, las marginales de Siquiares y Turrúcares, la rampa de Balsa de Atenas y la posible ampliación de carriles.
Carlos Segnini, ministro de Obras Públicas y Transportes, manifestó que la conciliación permite determinar con exactitud “las diferencias financieras” que se tiene con los españoles.
“Este importante esfuerzo materializado en una adenda al contrato supone que la presente Administración tenga la capacidad de precisar con total certeza el plazo que le resta a la Concesionaria para la terminación del contrato, cuya vida es de 25 años y seis meses”, dijo Segnini.
