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Los legisladores aprobaron ayer el préstamo chino por $395 millones para la ampliación de la ruta 32, a pesar de que ignoran los alcances del contrato comercial que lo condiciona.
Los diputados limonenses y la mayoría de jefes de las fracciones admitieron que no han leído el contrato firmado, en junio del 2013, entre el Conavi y la constructora china CHEC para ampliar a cuatro carriles un tramo de 107 km entre el cruce a Río Frío y la ciudad de Limón.
A pesar de esa ignorancia –y aunque dicen lamentarlo– muchos aseguran que votaron a favor pues alegan que la carretera es “urgente” para el desarrollo económico y social limonense.
“El contrato no lo hemos visto; es parte de la paupérrima comunicación con el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini.
”A pesar de las dudas que tengo, creo que existe un bien superior, que es votar el empréstito independientemente del contrato. Este superará, lamentablemente, las preguntas que tenemos”, declaró Carmen Quesada, diputada limonense del Libertario.
El crédito aprobado ayer en segundo debate –con el voto de 46 legisladores a favor y seis en contra– no es un crédito común: está directamente ligado al contrato comercial con la constructora estatal China Harbour Engineering Company (CHEC).
Los términos de ese acuerdo fueron cuestionados por la Contraloría General de la República (CGR) desde diciembre del 2013, principalmente porque no estaba claro el costo total de la obra; tampoco cuánto podrían encarecerse las expropiaciones y la relocalización de los servicios públicos.
Entonces, el órgano recomendó a los diputados exigirle al Gobierno que incluyera el contrato comercial entre CHEC y el Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) en el expediente, para tener claridad antes de votar el crédito.
Aunque este convenio fue incluido en los registros, la mayoría de congresistas omitió revisarlo antes de la votación final.
“Es una cosa muy interesante; hasta el lunes nos dimos cuenta de que existía un contrato comercial. Nadie en el Frente Amplio (FA) lo conoce. Voté a favor porque el presidente Luis Guillermo Solís lo pidió y sé que la ruta es un martirio para los limonenses, nada más”, dijo Gerardo Vargas, jefe de fracción frenteamplista.
Quienes votaron a favor del empréstito enfatizaron que la suerte del proyecto de la ruta 32 queda, desde ahora, solo en manos del Poder Ejecutivo, el cual se comprometió a reparar el contrato comercial antes de enviarlo a refrendo de la Contraloría.
‘Es innecesario’. Legisladores como Danny Hayling y Aracelly Segura, de Liberación Nacional; los libertarios Otto Guevara y José Alberto Alfaro; los evangélicos Fabricio Alvarado y Abelino Esquivel, y el socialcristiano Luis Vásquez consideran que es innecesario conocer un contrato comercial pese a que está ligado al crédito que aprobaron.
Emilia Molina, jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), fue una de las que manifestó que no es su deber conocer el contrato, e ignora si está en el expediente.
Según la oficialista, ella tiene la información que le proporcionó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y -añadió- conoce el anteproyecto de la obra, tal como lo entregó CHEC en diciembre.
Ottón Solís, también del PAC, contradijo a Molina y reafirmó el criterio del ente contralor, de que era necesario analizar el convenio antes de votar el préstamo.
De hecho, Solís fue el único que reconoció no solo haber leído el contrato, sino además le hizo observaciones que enumeró en el plenario, antes de la votación del segundo debate.
Para el fundador de Acción Ciudadana, la aprobación del crédito es como comprar un auto a ciegas, sin conocerlo y solo a pura confianza. "Con la plata de los costarricense no se juega", dijo el legislador.
Guevara y Alvarado confiaron en que el Congreso “nunca revisa los contratos comerciales” (aunque estén condicionados) antes de aprobar préstamos para obras como esta, pues no es su obligación: su deber, dijeron, se limita a avalar empréstitos.
El ministro de Transportes, Carlos Segnini, admitió el martes que desconocía si el contrato y el anteproyecto están incluidos en el expediente legislativo 18.945. Aseguró que se encargó de explicarles a los diputados ambos convenios aprobados ayer.
“Bueno, a los diputados les fuimos a explicar el contrato y las adendas que estábamos negociando, y luego llegó la empresa CHEC a explicar el anteproyecto con filminas”, admitió Segnini.
La falta de un anteproyecto serio fue uno de los temas más criticados, desde el 2013, por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Ante las múltiples críticas por lo “escueto” del primer documento, Segnini solicitó uno nuevo y más amplio, el cual fue entregado en diciembre.
A pesar de las enmiendas, tanto los entes expertos como Segnini quedaron otra vez disconformes. En unas 50 páginas, el MOPT pedirá a los chinos que lo ajusten a la normativa nacional.
Ese documento no es de difusión pública, pues el MOPT se comprometió con CHEC a mantenerlo en secreto por asuntos de “propiedad intelectual”. Este saldría a la luz hasta que la CGR refrende el contrato comercial.
Los diputados de Limón reclamaron, 14 días atrás, que la presentación que les dio CHEC y el ministro Segnini “de unas cuantas filminas de PowerPoint ” los dejó insatisfechos. Sin embargo, ellos votaron a favor ayer.
