Diputado denuncia venta de fincas de minera Infinito
Legislador denuncia que empresa se desprende de propiedades a días de conocer pago por daños ambientales
Industrias Infinito tenía instalaciones en la finca de Cutris de San Carlos, donde se ubicaba la mina Crucitas. De ahí pretendían extraer 800.000 onzas de oro. | CARLOS HERNÁNDEZ/ARCHIVO
La minera Industrias Infinito habría vendido cinco fincas de su propiedad en la zona norte del país, a menos de dos semanas de que se resuelva cuánto tendría que pagar la empresa por los daños ambientales ocasionados con su propyecto para sacar oro en Crucitas de Cutris de San Carlos.
Así lo denunció el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien ayer mismo solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar urgentísima para que se le ordene al Registro Público suspender la inscripción de la compraventa de los terrenos o bien, en caso de continuar el proceso, que se traspasen con anotaciones.
Araya informó de que las propiedades fueron vendidas todas por la suma de $445.000, aunque solo la más grande estaba valorada en $825.000.
Según documentos en poder del legislador, la compraventa se realizó ante un notario de apellido Morera, cuya oficina está en Alajuela. Los terrenos habrían sido adquiridos por una sociedad anónima domiciliada en aquella ciudad y representada por un ciudadano de apellido Salazar.
Industrias Infinito tenía instalaciones en la finca de Cutris de San Carlos, donde se ubicaba la mina Crucitas. De ahí pretendían extraer 800.000 onzas de oro. | CARLOS HERNÁNDEZ/ARCHIVO
La Nación contactó a Ciro Casas, representante de Industrias Infinito en el país, pero rechazó reiteradamente referirse a la compraventa. Se limitó a confirmar que la audiencia para conocer la resolución sobre el pago de daños ambientales estaba prevista para el 25 de agosto.
"Vamos a cumplir con esa labor", dijo Casas.
Industrias Infinito recibió una concesión del Estado para extraer 800.000 onzas de oro de la mina Crucitas. Aquella concesión fue anulada por una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre de 2010, al considerar que fue otorgada de manera irregular. El fallo fue confirmado al año siguiente por la Sala Primera de la Corte Suprema.
Desde entonces, está pendiente la definición de los daños ambientales que deben asumir solidariamente el Estado e Industrias Infinito. Dicho monto se estimaba en hasta $10 millones.
Ante el proyecto frustrado, la empresa canadiense presentó el año pasado una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, Estados Unidos. Su intención era reclamar $93 millones.
A mediados de julio, sin embargo, Infinito Gold –casa matriz de Industrias Infinito– solicitó suspender el proceso de arbitraje, debido a que la empresa se quedó sin apoyo financiero y a la renuncia de directores y gerentes en Canadá.
