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Con una sentencia inapelable y de acatamiento obligatorio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le dio ayer a Costa Rica una contundente victoria en el litigio por la soberanía sobre el extremo norte de isla Calero, conocido como isla Portillos.
Los 16 jueces determinaron que Nicaragua violó la integridad territorial costarricense al abrir tres caños artificiales y destacar a militares en esa zona, al norte de Limón.
Además, por esas “actividades ilícitas”, el tribunal con sede en La Haya, Holanda, condenó al gobierno de Daniel Ortega a pagar una compensación a Costa Rica por los daños materiales causados en la isla fluvial Calero, la más grande del país, con 151 km². El monto está por definirse.
La Corte llegó a esa determinación tras concluir que los 3 km² de la isla fluvial Portillos, zona disputada desde el 18 de noviembre del 2010, pertenece exclusivamente a Costa Rica.
La decisión se basó en los artículos 2 y 6 del tratado de límites de 1858 (Cañas-Jerez) y los laudos de Cleveland y Alexander, donde se establece que el límite entre ambas naciones está relacionado con el derecho de navegación de Costa Rica a lo largo del río San Juan, hasta su desembocadura en el mar Caribe.
De esa forma, todos los territorios ubicados en la margen derecha del río son costarricenses.
Con esos argumentos, los jueces rechazaron el alegato del Gobierno nicaragüense de que la frontera entre Costa Rica y Nicaragua terminaba donde empieza el primer caño artificial, abierto por militares de ese país de forma ilegal en octubre del 2010.
Ese año, Nicaragua cavó el primer canal, de unos 200 metros de largo y 20 de ancho, con la intención de desviar el cauce del San Juan hacia la laguna Los Portillos (que es de Nicaragua), frente al Caribe, interpretado por las autoridades ticas como una operación para socavar su territorio.
“Si el canal hubiese sido un afluente del San Juan, habría sedimentación que hubiese llenado la parte sur de la laguna, como dijeron de manera concordante los peritos de las partes. El canal dragado en el 2010 ya no conectaba el río con la laguna para la mitad del verano del 2011, lo cual genera dudas sobre la existencia de un canal navegable durante varios años”, dice el fallo leído por el presidente de la CIJ, el juez francés Ronny Abraham.
Derecho violado. En la resolución también se estableció que Nicaragua violó el pleno derecho de navegación de los habitantes costarricenses por el río San Juan.
Para los jueces, solo bastaron dos de los cinco casos presentados por la defensa de Costa Rica para concluir que, efectivamente, Nicaragua incumplió con la sentencia del 13 de julio del 2009, dictada por ese mismo tribunal, donde se confirmó la potestad tica de emplear el cauce del San Juan como vía de comunicación.
En cuanto a la compensación, el juez Abraham explicó que ambas partes deben sentarse a negociar el monto en un plazo de 12 meses desde ayer.
Si no se llega a un acuerdo, cualquiera de los países puede acudir a la CIJ para resolver el asunto en un nuevo proceso judicial.
La Corte no acogió la petición costarricense de condenar a Nicaragua al pago de las costas en que incurrió el Gobierno tico a lo largo de los 1.854 días que duró el litigio, que a la fecha ascienden a $4,8 millones.
Satisfacción. Al conocer la sentencia, el presidente Luis Guillermo Solís celebró la decisión y dijo sentirse plenamente satisfecho, aunque evitó incurrir en triunfalismos. Agregó que el fallo debe replantear “un nuevo horizonte en la relación con Nicaragua”.
Solís alabó el trabajo del equipo de abogados que llevó adelante la defensa, encabezado por el embajador agente en La Haya, Édgar Ugalde; el embajador ante Holanda, Sergio Ugalde; los abogados Arnoldo Brenes, Marcelo Kohen, Samuel Wordsworth, Kate Parlet y Katherine Delmar.
En un comunicado oficial, el gobierno de Ortega prometió acatar la sentencia e hizo un llamado a restablecer el diálogo bilateral con San José.
La primera dama y vocera del Ejecutivo nica, Rosario Murillo, resaltó que la Corte desestimara el planteamiento de Costa Rica de obligar a Managua a entregar un informe del impacto ambiental de las obras de dragado, que se realizan actualmente en el lecho del río San Juan.
Costa Rica y Nicaragua aún tienen pendiente un litigio en esa Corte, para definir los límites marítimos entre ambas naciones. Colaboró el periodista gerardo Ruiz
