Los 220 africanos que fueron devueltos ayer desde Peñas Blancas hasta la frontera con Panamá en Paso Canoas, se encuentran en una especie de limbo, pues el país vecino se niega a permitir su ingreso y Costa Rica mantiene su posición de no dejarlos pasar a suelo tico.
Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad Pública, confirmó que ayer a las 10 p. m. los extracontinentales salieron en cuatro buses oficiales, los cuales llegaron la mañana de este viernes al puesto migratorio en Paso Canoas. El Gobierno costarricense pretende entregarlos a Panamá al considerar que ingresaron por este país.
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Sin embargo, una vez que estuvieron todos reunidos y ante la aparente negativa de las autoridades panameñas de permitir su reingreso a ese país, los migrantes intentaron devolverse por la fuerza a Costa Rica.
En este momento, el cruce fronterizo se mantiene cercado con oficiales de Fuerza Pública, la Unidad de Intervención Policial, la Policía de Migración y la Policía de Fronteras del lado tico, mientras que Panamá desplegó sus unidades de antimotines para cercar también el ingreso a ese país.
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Hidalgo aseguró que desconocen las razones por las que Panamá está negando el reingreso de estas personas, al tiempo que muchos de los africanos aseguran que las autoridades panameñas ya los habían dejaron pasar, antes de que cruzaran hasta Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.
Los africanos se mantienen sentados sobre una vía y, de vez en cuando, se ponen de pie para cantar ”somos migrantes déjenos, continuar”.
Desconocen origen. El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo, alegó que no permiten el ingreso de los extracontinentales porque no tienen certeza de que ellos hayan entrado a suelo costarricense a través de Panamá.
“Pensamos que las expulsiones masivas pueden constituir violaciones a los derechos humanos consagrados en convenios internacionales (...). Aquí no se hizo ningún procedimiento de deportación, solamente los trepan en buses, los tiran y los dejan en Panamá”, dijo Carrillo.
El funcionario también se quejó de que el gobierno tico intentara trasladarlos a suelo panameño, dejándolos en la frontera de ambos países, sin ninguna coordinación.
En una entrevista telefónica con la agencia de noticias AP, añadió que los migrantes, entre los que hay mujeres y niños, fueron prácticamente abandonados y sin ningún documento.
En conversaciones. La Cancillería de Panamá, a través de su oficina de Relaciones Públicas, informó a La Nación de que en este momento su canciller, Isabel Saint Malo, está en conversaciones con su homólogo tico, Manuel González, para buscar una solución al conflicto.
González confirmó esa versión y añadió: “Estamos en conversaciones con Panamá. La situación, que llevamos años denunciando su aumento, es muy difícil. No puedo referirme a más detalles en este momento, sino con mucho gusto”.
La oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que en pocos minutos el Gobierno de Costa Rica emitirá un comunicado oficial sobre lo que acontece en Paso Canoas.
Alza la voz. Además, el gobierno de Juan Carlos Varela mostró este viernes su preocupación por la crisis migratoria que vive el Istmo, pues además de los africanos varados en Paso Canoas hay otros miles de cubanos en su territorio, propiamente en las inmediaciones de esa frontera con Costa Rica. Por tal razón, hizo un llamado a los países de la región para buscar soluciones conjuntas.
"Panamá reitera su preocupación por la actual crisis de migrantes cubanos en América Latina, así como su interés y disposición de encontrar una solución sostenible y conjunta con los países de la región", dice un comunicado de la cancillería panameña.
Por su parte, en un comunicado de prensa, Costa Rica evitó achacar culpas a Panamá y sostuvo que los flujos migratorios, que sufren ambos países, “evidencian la incapacidad o poca voluntad de otras naciones hacia el sur para impedir la entrada y tránsito de migrantes irregulares”.
Añadió que también se refleja el funcionamiento de redes de tráfico de personas que buscan nuevas rutas.
No obstante, Costa Rica advirtió de que no aceptará el ingreso de personas ilegales y de que deportará a los que encuentre en esa condición.
Insistió en que ya no hay capacidad económica para atender a más migrantes y que busca una solución conjunta con Panamá a la crisis.
“Las autoridades costarricenses, entidades de auxilio y organismos internacionales multilaterales también trabajan para garantizar la vida, integridad personal, derechos humanos y condiciones sanitarias mínimas de migrantes irregulares varados en nuestras fronteras, en especial de niños y mujeres embarazadas”, informó el Gobierno costarricense.