Más de ¢200 millones recaudó la Universidad de Costa Rica (UCR) por las cuotas “voluntarias”, sin justificación, que se cobraron a los alumnos de dos posgrados de Odontología, desde el 2009 y hasta el 2015.
Se trata de las especialidades de Odontopediatría (odontología para niños) y Prostodoncia (prótesis dentales).
En la primera se cobraba a cada alumno $14.000 (¢7,5 millones), los cuales se pagaban en cuotas durante los dos años que duraba la especialidad. Allí se recaudaron ¢97 millones.
En la segunda, el cobro ascendía a $21.000 (¢11,3 millones), que se cancelaba en abonos durante los tres años del programa de posgrado. Aquí se reunieron ¢106 millones.
Así consta en documentos de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (Fundevi), organización que administraba estos fondos.
Todos esos dineros se pedían adicionales al pago obligatorio de la matrícula.
Denuncia. Una denuncia anónima por “prácticas indebidas en los posgrados de Odontología” fue la que motivó una investigación de la Contraloría de esa casa de estudios superiores.
El informe OCU-R-194-2015, elaborado por el contralor Glenn Sittenfeld, determinó que el cobro carecía de estudios técnicos que lo justificaran y los montos se determinaron con base en “acuerdos generales” de la administración de los posgrados para destinarlos a la compra de materiales y equipo.
Además, se evidenció que, a pesar de que esa administración informó de que los pagos eran “voluntarios”, si los alumnos se pasaban de la fecha, se les cobraba un 20% de multa.
Se intentó obtener detalles de las razones y el uso de ese dinero, pero el encargado de los posgrados de Odontología, Ottón Fernández, dijo que no iba a dar declaraciones a La Nación.
Para todo. Según datos de Fundevi, de los ¢97 millones que se recaudaron en el posgrado de Odontopediatría, ¢25 millones se utilizaron para el pago de docentes y asistentes; ¢20 millones se gastaron en “servicios” como publicidad, capacitación en protocolo (servicios de restaurante, taxis, suvenires para conferencistas, etc.), así como en el mantenimiento de equipos.
Además, se dedicaron ¢11 millones a “materiales y suministros”. No obstante, en la mayor parte esas compras, no hay facturas. Otros ¢19 millones se gastaron en “bienes duraderos”, como equipo de cómputo y de oficina.
En el rubro de “transferencias corrientes” se hizo un traslado de ¢14 millones al Fondo de Desarrollo Institucional de la UCR y se dieron apoyos a terceras personas para que, aparentemente, asistieran a congresos.
En el caso del dinero recaudado para el posgrado de Prostodoncia, de los ¢106 millones aportados por los estudiantes, la mayor parte (¢47 millones) se utilizaron en la compra de materiales.
Otros ¢16 millones se gastaron en “bienes duraderos” y ¢21 millones en “transferencias corrientes”, en las cuales se pasaron ¢15 millones al Fondo de Desarrollo Institucional de la UCR. También se destinaron ¢15 millones para pagar “servicios”.
Dudas. Ante la negativa de Fernández de referirse a estos cobros, Alice Pérez, vicerrectora de Investigación de la UCR, habló generalidades del tema, pues hay cosas que solo atañen a Fernández, como la cantidad de alumnos que pagaron, la ubicación de los equipos comprados y la justificación legal para cobrar ese dinero.
“No debieron hacerse esos pagos a la luz de lo que la Contraloría nos dice. Antes parecía que estaba bien, no había denuncias de esos cobros. La Contraloría dijo que no hubo ningún tipo de dolo, solo que el procedimiento no fue el correcto”, afirmó Pérez.
La funcionaria dijo que ya s e le devolvió el dinero a cuatro estudiantes que lo solicitaron.
“Si vienen más y solicitan la devolución de la plata, se les tiene que devolver”, reconoció Pérez.
Sobre esto, Rosemary Gómez, del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindéu), señaló que harán una conferencia de prensa sobre esta “delicada” situación.