El Poder Ejecutivo y los diputados deberán asegurarle a la educación los recursos correspondientes al 8% del producto interno bruto (PIB).
Por lo menos, así lo ordenó la Sala Constitucional en una sentencia emitida el 7 de setiembre, la cual declaró con lugar una acción contra el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) de 2015.
Para entonces, el Congreso aprobó un 7,7%.
“ Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción”, dice el fallo.
El porcentaje de 2015 se repitió en el plan de gastos de 2016, cuando se le otorgaron al MEP ¢2,3 billones.
La decisión de los magistrados se da a conocer pocos días después de presentado el proyecto de Presupuesto de la República para 2017, en el cual tampoco fue posible darle el 8% de la producción nacional a la educación.
Para el próximo año, la propuesta es de 7,8% que representan ¢2,5 billones.
Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia y encargado de las relaciones con el Legislativo, es del criterio de que cumplir el mandato de la Sala es “muy difícil”.
Según dijo, ya se realiza un aumento que se acerca más al 8%, pero alcanzarlo de “un solo sopetón” no es posible.
La matrícula en escuelas tiende a la baja desde 2009. | ARCHIVO
“Esperamos que los magistrados hayan dimensionado en el tiempo (el cumplimiento) , que lo hagan más razonable”, expresó.
Rosibel Ramos, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quien preside la Comisión de Asuntos Hacendarios considera, más bien, que “vale la pena la llamada de atención” de la Sala.
A su juicio, el sector educativo sí necesita más inversión, pero hizo énfasis en que no debe estar dirigida solo a las universidades, mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La enseñanza superior pública recibiría para 2017 el 1,423% del PIB.
