Al debate sobre la calidad de las universidades privadas “le llegó su hora”, advirtió la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, quien este martes compareció ante los diputados para defender el proyecto de ley 19.549, el cual busca una mejor regulación de estos centros de educación superior.
Entre los principales cambios, está la obligatoriedad de todas las universidades de demostrar la calidad de sus carreras relacionadas con educación, medicina e ingenierías de la construcción, ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).
Estas áreas se escogieron por su importancia e interés público. Antes, la acreditación era un proceso voluntario.
Según el plan, las instituciones tendrán siete años, a partir de que entre en vigencia la reforma, para cumplir con todos los requisitos que pide el Sinaes.
La iniciativa plantea que los centros tendrían cumplir con 171 criterios de calidad para que el Estado certifique su oferta de estudios; entre esos destaca el desarrollar investigaciones en los respectivos campos.
“Hay un gran riesgo de que haya profesionales trabajando sin estándares de calidad. Por ejemplo, en educación, tras visitas a centros educativos, tenemos constancia de la calidad desigual de los docentes”, dijo la ministra.
En el 2008 fueron inscritos 22.270 títulos de universidades privadas. Este año, tal cifra aumentó a 32.812. Sin embargo, hoy solo 13 de estos centros de educación superior, de 53 que existen en el país, tienen carreras acreditadas ante el Sinaes.
Mejores ‘U’. Las universidades también deberán certificar ante el Sinaes que su institución tiene la infraestructura y equipamiento necesarios para operar.
El MEP ha detectado que, en muchos casos, funcionan en recintos no autorizados, carentes de laboratorios y de equipos requeridos.
De incumplir con la acreditación de carreras u otros requisitos tras el plazo establecido, las universidades no podrán matricular a nuevos estudiantes.
Rosa Monge, directora de la Unión de Rectores de las Universidades Privadas (Unire), dijo aplaudir cualquier paso para mejorar la educación superior, pero consideró que una acreditación obligatoria “no resuelve el problema de tramitología y tiempos de respuesta del Conesup”.
“Cuando se tiene que esperar dos años para que el Conesup autorice una carrera, no estamos hablando de calidad. Hay cosas en el proyecto que no están orientadas a elevar la calidad, no dice sobre las competencias del Conesup”, alegó Monge.
Otros cambios. Actualmente, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) solo regula cobros de matrícula y de materias, pero no los de trámites administrativos, como certificaciones, lo que se pretende variar con este plan.
Un estudio de este año de la Contraloría General de la República, basado en una muestra de nueve universidades privadas, halló que por esas gestiones se cobra entre ¢70.000 y hasta ¢282.000.
El MEP plantea además la obligatoriedad de cada universidad de hacer una actualización, cada cinco años, de sus programas de estudio (pénsum).
Según el reporte del ente contralor, de 681 planes en 23 “U” privadas, el 85% tenía una antigüedad de más de cinco años.
Silvia Castro, rectora de la Ulacit, dijo que le resulta difícil creer que el Conesup autorizará actualizaciones de los pénsums de 1.200 carreras cada cinco años, cuando ha venido actualizando el 2% de la oferta anual. Como alternativa, Castro hizo un texto sustitutivo del proyecto, junto a la Unire y los colegios profesionales.
Sobre esto, Pablo Zúñiga, asesor de la ministra, indicó que el MEP está consciente de que el Conesup requiere una reforma y adelantó que a la entidad se le dotará de más recursos para poder ejecutar con mayor celeridad.
“Se busca aumentar las competencias del Conesup para que pueda ejercer la supervisión; pero ya ha iniciado un proceso de mejora continua y digitalización para evitar tramitología”, dijo.
El Gobierno incluyó esta iniciativa en la agenda de sesiones extraordinarias.
El diputado Mario Redondo, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que discute el plan, afirmó que tiene buen ambiente en el Congreso y podrían dictaminarlo en enero.